Aliseda estrena ordenanza del agua: qué cambia para los vecinos
Aliseda endurece las normas sobre el consumo, la instalación de contadores y el mantenimiento de piscinas. Conoce las multas que se enfrentan quienes manipulen el servicio o incumplan los nuevos requisitos de ahorro.
Si vives en Aliseda, tus grifos y tu piscina acaban de entrar en un nuevo escenario normativo. El Ayuntamiento ha culminado la aprobación definitiva de su ordenanza reguladora del servicio de agua, un texto que no solo organiza quién paga y cómo, sino que impone nuevas reglas para el ahorro en un municipio donde el suministro no es ilimitado.
Datos clave
- Infracciones graves
- Multas de 100 € a 1.000 €
- Infracciones muy graves
- Multas de 1.001 € a 10.000 €
- Lectura contador
- Trimestral (abril, julio, octubre, enero)
- Alcaldesa
- Raquel Liberal
La norma, que entrará en vigor a mediados de noviembre, pone el foco en el control del consumo y en la eficiencia de las instalaciones de nueva construcción. Si estás pensando en construir, ten presente que el uso de contadores individuales para cada vivienda o local será obligatorio, tanto para el agua potable como para la centralizada de agua caliente.
El texto también detalla cómo deben diseñarse las zonas verdes y las piscinas privadas. A partir de ahora, los jardines deberán contar con sistemas de riego eficiente, como programadores nocturnos o detectores de humedad, mientras que las piscinas tendrán que incorporar sistemas de depuración para su reutilización y lonas de cobertura para evitar la evaporación.
El régimen sancionador es otra de las piezas clave de este nuevo marco legal. Las infracciones leves serán apercibidas, pero la cosa se complica si hay multa de por medio: las graves oscilan entre los 100 y los 1.000 euros, y las muy graves, donde se incluye la manipulación de contadores o el uso fraudulento del agua, pueden alcanzar los 10.000 euros.
Las conexiones clandestinas y la resistencia a las inspecciones municipales se consideran ahora infracciones muy graves. La ordenanza recuerda además que, fuera del suelo urbano, el Ayuntamiento no tiene obligación de prestar el servicio, lo que deja las concesiones en rústico bajo unos criterios de legalidad urbanística muy estrictos.
La vigilancia recae sobre la figura de la alcaldesa, Raquel Liberal, quien podrá ordenar cortes de suministro si detecta fraudes o impagos reiterados tras el proceso de audiencia correspondiente.
El recibo trimestral seguirá siendo el momento de la verdad para el bolsillo de los vecinos. Las lecturas se concentrarán en las primeras quincenas de abril, julio, octubre y enero.
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