Arroyomolinos de la Vera estrena ordenanza contra incendios forestales
Los propietarios de parcelas en el ámbito periurbano deberán cumplir con nuevas medidas de limpieza y seguridad antes de cada verano bajo amenaza de sanción.
Si tienes una parcela o una casa en el entorno periurbano de Arroyomolinos de la Vera, el mantenimiento de tu terreno ha dejado de ser una recomendación para convertirse en una norma municipal. El Ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva la nueva ordenanza que regula la prevención de incendios forestales, un texto que ya está en vigor y que busca evitar que la acumulación de vegetación o residuos se convierta en una trampa de fuego cuando llegue el calor.
Datos clave
- Plazo anual
- Antes del 1 de junio
- Multas leves
- Hasta 750 €
- Multas graves
- De 751 € a 1.500 €
- Multas muy graves
- De 1.501 € a 3.000 €
La norma es clara respecto a las obligaciones de los propietarios, usufructuarios y arrendatarios. Todos están obligados a mantener sus fincas limpias, eliminando matorrales, aclarando masas densas de arbolado y retirando residuos que puedan favorecer la propagación de llamas. El plazo límite para tener estas tareas completadas es, por norma general, el 1 de junio de cada año.
En el caso de las edificaciones situadas en este ámbito periurbano, el texto exige una franja de seguridad de al menos tres metros de anchura, completamente libre de vegetación en su proyección vertical. La finalidad no es otra que evitar el contacto directo o la caída de pavesas sobre los tejados en caso de incendio. Los caminos y accesos a estas parcelas deben permanecer también transitables y libres de obstáculos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.
La vigilancia correrá a cargo de los servicios técnicos municipales. Los inspectores tienen la consideración de agentes de la autoridad y podrán entrar en fincas para comprobar si se cumplen los deberes. Si detectan que un terreno está abandonado o incumple las normas de limpieza, el Ayuntamiento puede requerir al titular para que actúe en un plazo determinado. Si la respuesta no llega, el consistorio ejecutará los trabajos de manera subsidiaria y pasará la factura al dueño.
El régimen sancionador establece multas graduadas según la gravedad de la infracción. Las leves pueden suponer un desembolso de hasta 750 euros, mientras que las graves se mueven entre los 751 y los 1.500 euros. Las infracciones muy graves, como provocar un incendio por negligencia o entorpecer gravemente la labor inspectora, pueden alcanzar los 3.000 euros.
El texto incluye, además, medidas para los puntos de agua estratégicos para la lucha contra el fuego. Estos deben permanecer operativos y sin obstáculos. Cualquier obra o intervención urbanística futura en el municipio deberá asegurar que estas infraestructuras sigan siendo accesibles para los bomberos. La seguridad colectiva depende de estas pequeñas tareas diarias en cada finca.
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