Zulman Garces Bonilla y Adonai Cipriano Acosta Perdomo, nuevos celadores
Zulman Garces Bonilla y Adonai Cipriano Acosta Perdomo han sido nombrados personal laboral fijo como celadores en el Servicio Canario de la Salud tras la segunda adjudicación.
Zulman Garces Bonilla y Adonai Cipriano Acosta Perdomo son, desde este 21 de agosto, personal laboral fijo del Servicio Canario de la Salud. El Director del organismo ha formalizado sus nombramientos en la categoría de celador tras la resolución de la segunda adjudicación del proceso excepcional de estabilización.
Datos clave
- Plazo
- 15 días naturales desde el 22 de agosto
- Adjudicatarios
- Zulman Garces Bonilla y Adonai Cipriano Acosta Perdomo
- Destinos
- Hospital Insular de Lanzarote y Hospital Universitario Materno-Insular
Zulman Garces Bonilla se incorpora a su plaza en el Hospital Insular de Lanzarote, mientras que Adonai Cipriano Acosta Perdomo ocupará su puesto en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. Ambos acceden al cargo mediante el concurso de méritos abierto en 2022.
Los dos profesionales disponen ahora de un plazo improrrogable de 15 días naturales, a contar desde mañana mismo, para tomar posesión de sus plazas. Este trámite debe realizarse ante la gerencia de su respectivo centro sanitario. Deberán presentarse con su DNI, NIE o pasaporte para completar la documentación.
El Servicio Canario de la Salud advierte de que el incumplimiento de este plazo supondrá la pérdida de todos los derechos adquiridos en el proceso selectivo, salvo causa justificada y estimada por la dirección. Quienes ya presten servicios en el centro no necesitarán aportar la documentación que ya conste en su expediente personal.
La resolución contempla también las situaciones de incapacidad temporal: si alguno de los nombrados se encuentra de baja, podrá diferir la toma de posesión hasta que reciba el alta médica, siempre que lo comunique por escrito en el periodo de 15 días establecido. Una vez incorporados, ambos deberán permanecer en su destino al menos dos años antes de poder optar a una comisión de servicios, salvo excepciones tasadas como la violencia de género.
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