Daida Hernández Vega, nueva odontoestomatóloga fija en La Palma

Daida Hernández Vega es la profesional seleccionada para ocupar la plaza vacante de odontoestomatología en el Área de Salud de La Palma, según la resolución dictada por la dirección del Servicio Canario de la Salud el pasado 12 de junio. Este movimiento administrativo responde a la necesidad de cubrir una vacante surgida después de que la adjudicación inicial del proceso de estabilización no llegara a buen puerto por una renuncia.

La nueva plaza, adscrita al grupo A/A1 sanitario, se integra dentro del proceso selectivo excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración mediante concurso de méritos. La elección se ha realizado siguiendo el estricto orden de prelación establecido tras la primera fase, garantizando así la cobertura del puesto en la atención primaria de la isla.

La adjudicataria dispone ahora de un plazo improrrogable de 15 días naturales para formalizar su toma de posesión ante la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma. El cómputo de este tiempo comienza a correr el día siguiente a la publicación de este nombramiento en el boletín oficial.

En el acto de incorporación, la profesional deberá identificarse correctamente y aportar la documentación necesaria que no conste ya en el sistema SIRHUS. Si se encontrara en situación de incapacidad temporal, el proceso contempla la posibilidad de diferir la toma de posesión hasta que el alta médica lo permita, siempre que se comunique por escrito en tiempo y forma.

Este nombramiento también acarrea compromisos de permanencia: al tratarse de un proceso derivado de la Ley 20/2021 de estabilización, la profesional no podrá solicitar comisiones de servicio fuera del Servicio Canario de la Salud durante los próximos dos años, salvo en casos muy concretos de violencia de género o terrorismo.

Para quienes se sientan afectados por este movimiento en el organigrama del centro, el proceso de cese de personal interino que pudiera haber ocupado esta plaza anteriormente se regirá por la normativa de 2017 sobre criterios objetivos, asegurando que la transición se realice con la equidad administrativa habitual en estos casos.