Justicia más humana: Canarias regula la figura del facilitador
El nuevo decreto canario introduce la figura del facilitador judicial para apoyar a personas con discapacidad y mayores en los juzgados. El servicio se desplegará de forma gradual hasta 2028.
El acceso a la justicia debe ser igualitario para todos, pero la realidad de los juzgados suele poner barreras invisibles. El Gobierno de Canarias ha publicado un nuevo decreto para que las personas con discapacidad y los mayores de 65 años cuenten con el apoyo de una figura experta, el facilitador judicial, cuyo trabajo es asegurar que cualquier ciudadano entienda y sea entendido en el proceso legal.
Datos clave
- Entrada en vigor
- 12 de octubre de 2026
- Remuneración informe
- 90 € (o 120 € si es complejo)
- Pago acompañamiento
- 50 € por actuación
- Ámbito penal
- Aplicación desde 2026
Este facilitador no es un abogado ni un representante, sino un puente entre el sistema judicial y la persona. Su labor consiste en preparar el terreno: explicar de forma sencilla el lenguaje jurídico, adaptar los ajustes necesarios en los actos de comunicación y acompañar en los trámites para que la persona pueda tomar decisiones informadas sin perder su autonomía.
El servicio arranca con un calendario gradual. En lo que queda de 2026, la figura del facilitador se aplicará únicamente en asuntos de naturaleza penal. Habrá que esperar a 2027 para ver su entrada en el ámbito civil y a 2028 para el resto de los órganos judiciales del archipiélago.
Para ser facilitador, el decreto exige titulación universitaria en ramas como derecho, psicología, logopedia o educación social, además de una cualificación específica. Los profesionales deberán estar inscritos en un nuevo registro administrativo, aunque de forma transitoria se utilizarán listas enviadas por colegios profesionales y entidades sociales para empezar a cubrir las necesidades de inmediato.
La remuneración del servicio está tasada para evitar dudas. Un informe de adaptación básica se pagará a 90 euros, con un máximo de 120 euros si el caso requiere una evaluación de especial complejidad. Si el profesional acompaña a la persona a la sede judicial, el abono será de 50 euros por cada acto, siempre con el IGIC incluido.
Las medidas buscan que el entorno judicial sea más humano. Es un paso importante para que la justicia en las islas deje de ser un laberinto de términos complejos para quienes más apoyo necesitan.
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