Canarias retrasa un año la entrada en vigor del registro único

La modernización de la atención presencial en la administración canaria se toma un respiro necesario. El Gobierno ha decidido aplazar la entrada en vigor del Decreto que regula el nuevo sistema de registros y las oficinas de asistencia, extendiendo el calendario inicial de seis meses a un total de doce desde su publicación original.

El motivo de este retraso no es otro que la realidad técnica y organizativa que enfrentan los servicios públicos. La implantación efectiva del nuevo modelo depende de factores que aún no están operativos, como el sistema informático diseñado para la actuación del personal funcionario habilitado y la puesta en marcha de los pagos mediante tarjeta en los procedimientos administrativos. Actualmente, estos elementos se encuentran en fase de pruebas funcionales en entornos de preexplotación.

Además de ampliar el plazo, el Decreto 110/2026 aprovecha para corregir erratas detectadas en el texto original de diciembre de 2025. Los cambios se centran en la disposición adicional primera, que aclara qué registros electrónicos se integran en el nuevo registro único, y en la tercera, que detalla cómo se llevará a cabo la transferencia de las oficinas de asistencia y su personal a la nueva estructura.

La normativa insiste en que este proceso de integración debe ir acompañado de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para garantizar que la atención al ciudadano no se vea afectada. Se ha especificado con mayor precisión el criterio para el traspaso de los puestos de trabajo, priorizando aquellos casos donde el personal tiene atribuidas funciones de registro en exclusividad o donde la carga de trabajo en esta materia supera al resto de sus tareas.

El texto también establece que, hasta que se complete esta integración, las oficinas continuarán adscritas a sus Secretarías Generales Técnicas actuales por un periodo máximo de tres años. Con esta modificación, el Ejecutivo busca reforzar la seguridad jurídica y asegurar que la transición hacia el nuevo sistema sea progresiva y efectiva, evitando sobresaltos técnicos en el día a día de las oficinas públicas de las islas.