Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas·Boletín Bien de Canarias,

Anulada parte del plan urbanístico de Yaiza por el caso Papagayo

La justicia ha declarado nula parte del plan urbanístico de Yaiza tras el recurso de Mardo Inversiones. La resolución afecta a los parámetros del hotel Mirador Papagayo y obliga al Ayuntamiento a revisar su planeamiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha puesto punto final a un largo pleito urbanístico que afecta directamente al municipio de Yaiza, en Lanzarote. Una sentencia firme, dictada originalmente el 9 de abril de 2019, ha sido finalmente integrada por la Comisión Autonómica de Informe Único este mes de julio, obligando a revisar parte del Plan General de Ordenación Supletorio que se aprobó hace doce años.

Datos clave

Qué hacer
Revisar el Plan General de Ordenación
Afectado
Hotel Mirador Papagayo
Causa
Falta de informes sectoriales en 2014

La justicia ha dado la razón parcialmente a la empresa Mardo Inversiones. La nulidad declarada no afecta a la totalidad del plan urbanístico, sino que se centra en los aspectos técnicos que regulan el hotel Mirador Papagayo de 4 estrellas. En concreto, el fallo tumba los parámetros relativos a la superficie real de la parcela, sus linderos, los retranqueos, el número de plazas alojativas y las autorizaciones concedidas a este establecimiento turístico.

El problema de fondo reside en las servidumbres costeras y la falta de informes sectoriales adecuados en el momento de la aprobación del plan en 2014. El Tribunal ha señalado que la omisión de estos informes es causa de nulidad en lo que respecta al dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre. El Ayuntamiento de Yaiza debe ahora ejecutar esta sentencia y ajustar el planeamiento a la realidad jurídica del inmueble.

Las consecuencias son inmediatas. El Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico Oriental ya ha recibido la orden de identificar exactamente qué documentos del plan deben ser corregidos para cumplir con el dictamen judicial.

El camino es largo.

La Administración autonómica ha notificado oficialmente al consistorio lanzaroteño para que tome las riendas de la ejecución. La seguridad jurídica en la zona sigue pendiente de los ajustes técnicos definitivos.

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