Canarias ajusta la gestión de los expedientes de evaluación ambiental

La maquinaria burocrática del Gobierno de Canarias ajusta sus engranajes para que los planes que afectan al territorio no se eternicen en los cajones. La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental ha decidido renovar su delegación de competencias en la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico, clarificando quién hace el trabajo sucio y quién firma la sentencia final.

El cambio principal es un ejercicio de precisión. La Viceconsejería se encargará ahora de toda la parte técnica: iniciar expedientes, gestionar consultas a los implicados, pedir informes técnicos y analizar los detalles de cada proyecto. Es, en esencia, la instrucción del día a día administrativo que los ciudadanos percibirán en sus trámites.

La Comisión se reserva, sin embargo, el derecho a decir la última palabra. La decisión final sobre si un plan ambiental sigue adelante o se archiva por renuncia, desistimiento, caducidad o inadmisión recae exclusivamente en el órgano colegiado. La delegación no es un cheque en blanco.

Esta medida busca, según consta en el acuerdo, evitar la parálisis administrativa y garantizar que se apliquen los mismos criterios técnicos, ya sea un plan de ordenación o un proyecto sectorial con impacto territorial. La seguridad jurídica es el norte de este movimiento.

Cada resolución que emita la Viceconsejería deberá dejar constancia expresa de que se actúa por delegación. El objetivo es que, bajo la supervisión de la Comisión, la tramitación gane en agilidad. El acuerdo deja claro que estas funciones son revocables en cualquier momento por la Comisión. Todo queda bajo control.