Gesplan recibe 214.318 € para reforzar los informes ambientales
La Consejería de Transición Ecológica prorroga el contrato de apoyo técnico ante la falta de personal en el Servicio de Impacto Ambiental. La factura asciende a más de 200.000 euros para cubrir tres meses de trabajo.
El Servicio de Impacto Ambiental del Gobierno de Canarias se queda corto de personal y la solución administrativa para seguir sacando informes de evaluación ambiental es, una vez más, tirar de la empresa pública Gesplan. La Consejería de Transición Ecológica ha formalizado una nueva prórroga de la encomienda de gestión para cubrir los huecos en la tramitación de proyectos. El importe total de esta extensión para el periodo de abril a junio de 2026 asciende a 214.318,69 euros.
Datos clave
- Importe
- 214.318,69 €
- Objeto
- Apoyo a la evaluación ambiental
- Entidad
- Gesplan
- Vigencia
- Hasta el 30 de junio de 2026
La tarea encomendada consiste en el apoyo técnico para elaborar informes tanto en los procedimientos de evaluación ambiental ordinaria como en los simplificados. Se trata de un refuerzo operativo que ya se puso en marcha en marzo de 2023 y que ha sido modificado en varias ocasiones para ajustar los pagos y el marco jurídico.
El presupuesto detallado desglosa el coste de este apoyo profesional. La partida principal, de 166.357,80 euros, corresponde a nueve titulados superiores. Se suman 14.754,60 euros por un titulado medio y 8.198,40 euros por un auxiliar administrativo. El resto del gasto se completa con 1.500 euros para desplazamientos y dietas, además de los costes indirectos y gastos generales que elevan la factura final.
La escasez de medios personales en la Dirección General de Calidad Ambiental es el motivo que justifica esta prórroga. El documento reconoce que la unidad no cuenta con el personal suficiente para absorber la carga de trabajo de los expedientes autonómicos pendientes.
El acuerdo, firmado por el consejero Mariano Hernández Zapata y el consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez Hernández, se publicó oficialmente en el mes de agosto, aunque la vigencia de esta prórroga se fijó retroactivamente hasta el 30 de junio de 2026. La contratación se ampara en la ley de régimen jurídico del sector público para encomiendas entre entes de la misma administración.
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