Luz verde al parque fotovoltaico Agrícola Arguineguín 1 en Gran Canaria
El Gobierno de Canarias autoriza una planta solar de 2 MW en San Bartolomé de Tirajana pese a la disconformidad del Cabildo. El proyecto integrará el campo solar con cultivos para salvar la finca de plagas.
El parque fotovoltaico de 2 MW que Agrícola Arguineguín, S.L.U. planea instalar en San Bartolomé de Tirajana ha logrado sortear el bloqueo administrativo que amenazaba su viabilidad. El Gobierno de Canarias ha acordado la ejecución forzosa del proyecto, amparándose en el interés general para desbloquear una situación que, técnicamente, chocaba con el planeamiento insular vigente.
Datos clave
- Recurso
- 1 mes (reposición) / 2 meses (judicial)
- Inversión
- 1.525.226 €
- Potencia
- 2 MW
- Paneles
- 4.030 unidades
- En vigor
- 13 de julio de 2026
La instalación es un proyecto de vertido puro a red. Se trata de una infraestructura que combina energía y agricultura: los 4.030 paneles fotovoltaicos se colocarán sobre suelo intercalados con nuevos cultivos de bajo porte. Esta solución busca aprovechar la finca tras el impacto del mal de Panamá, que ha afectado a las plataneras que ocupaban el terreno.
El proyecto, que ha recibido luz verde con efectos retroactivos desde el 13 de julio de 2026, cuenta con una inversión estimada de 1.525.226 €. Esta cifra no es baladí en el plan de descarbonización del archipiélago, donde la apuesta por las renovables busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Se espera que la planta evite la emisión de 4.565 toneladas de dióxido de carbono al año.
El camino hasta aquí no ha sido sencillo. El Cabildo de Gran Canaria emitió un informe desfavorable en abril de 2024, sugiriendo otra ubicación por disconformidad con el plan insular. Por su parte, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no respondió a las reiteradas consultas realizadas por la Dirección General de Energía desde principios de 2024.
El Ejecutivo regional ha zanjado la polémica aplicando el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico Canario. Esta vía permite ignorar la disconformidad urbanística local cuando concurren razones excepcionales. La administración ahora deberá adaptar el planeamiento insular en su primera modificación sustancial para encajar la planta.
La instalación técnica es considerable: incluye ocho inversores de 250 kW, un centro de transformación propio y una red de evacuación subterránea de 342 metros. Todo este despliegue se ha diseñado para ser inocuo, según los informes, sin impacto sobre la fauna, el aire o el agua. Las placas convivirán con los viales y explotaciones agrarias que ya existen en la parcela.
El decreto pone fin a la vía administrativa. Contra esta decisión cabe presentar un recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes, o bien acudir directamente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias con un contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.
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