Radio Región pierde su licencia en Santa Lucía de Tirajana
El Gobierno de Canarias declara extinguida la concesión de la frecuencia 98.9 FM tras constatar que la emisora dejó de emitir y acumuló impagos durante años.
El silencio en la frecuencia 98.9 de la FM en Santa Lucía de Tirajana ya tiene un respaldo legal definitivo. El Gobierno de Canarias ha decretado la extinción de la licencia de Radio Región, S.A., una medida que pone fin a la vigencia del título habilitante que expiró el pasado 4 de marzo de 2026.
Datos clave
- Frecuencia afectada
- 98.9 FM en Santa Lucía de Tirajana
- Plazo recurso reposición
- 1 mes
- Plazo vía contenciosa
- 2 meses
- Fecha extinción título
- 4 de marzo de 2026
La decisión no ha sido precipitada, sino el resultado de un expediente en el que se acumulan dos motivos de peso. Por un lado, la monitorización realizada por el Instituto Tecnológico de Canarias en enero de 2026 no detectó emisión alguna en dicha frecuencia, incumpliendo así la obligación esencial de prestar el servicio de forma continuada.
Por otro lado, la Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico ha confirmado que la entidad no ha abonado las tasas por reserva del dominio público radioeléctrico durante los últimos cuatro años. Este impago, que abarca hasta la anualidad de 2025, choca frontalmente con los requisitos necesarios para cualquier renovación automática.
La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información intentó en dos ocasiones, el 28 de enero y el 11 de febrero, que la empresa acreditara el cumplimiento de estas condiciones. Ante la falta de respuesta y la constatación de la inactividad, la administración no ha tenido otro camino que declarar la extinción de pleno derecho.
El decreto, firmado el 15 de junio, implica la pérdida inmediata de la condición de prestador de servicios de comunicación audiovisual para Radio Región, S.A. y el cese de toda actividad vinculada a esa licencia. Los servicios técnicos deberán ahora actualizar el Registro canario de prestadores para reflejar este cese.
Si la empresa desea oponerse a esta resolución, dispone de un plazo de un mes para interponer un recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias o, directamente, acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un máximo de dos meses.
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