Junta de Castilla y León convoca los centros de crisis para víctimas
La Junta de Castilla y León abre el plazo para gestionar nueve centros de atención integral a víctimas de violencia sexual. El presupuesto alcanza los 1,6 millones de euros para atención jurídica, psicológica y social.
La Junta de Castilla y León ha convocado la acción concertada para gestionar nueve centros de crisis de atención a víctimas de violencias sexuales. El servicio busca cubrir la atención psicológica, el asesoramiento jurídico y el acompañamiento social en cada una de las provincias de la comunidad.
Datos clave
- Plazo
- 13 de noviembre de 2026
- Cuantía
- 15.091 € mensuales por centro
- Beneficiario
- Entidades inscritas en registro social
- Cómo solicitar
- Telemática
- Plazas
- 9 centros
Las entidades interesadas en participar tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar su solicitud de forma telemática. El plazo finaliza el próximo 13 de noviembre de 2026.
Cada centro contará con una financiación de 15.091 euros mensuales, lo que suma un presupuesto total de 1.629.828 euros para la vigencia del concierto. La administración autonómica garantiza que este servicio será gratuito y voluntario para las usuarias.
El equipo técnico exigido por la resolución debe estar compuesto por al menos un profesional del Derecho, un psicólogo y dos titulados en Trabajo Social, Educación Social o equivalentes. El servicio se integrará en la Red de Atención a las víctimas de violencia de género.
La adjudicación de estos conciertos contempla un plazo inicial de ejecución de un año, prorrogable hasta un máximo de dos años adicionales por mutuo acuerdo. Las instalaciones serán facilitadas por la Junta, aunque el mantenimiento y la gestión del personal correrán a cargo de la entidad adjudicataria.
El procedimiento de valoración otorgará hasta 50 puntos por la experiencia previa de la entidad en la gestión de servicios similares en los últimos cinco años. El proyecto técnico, que debe incluir un plan de igualdad, se valorará con otros 40 puntos, mientras que la contratación de personas con discapacidad aporta un máximo de cinco puntos.
La transparencia es un requisito fundamental para las futuras entidades adjudicatarias. El servicio exige un sistema de quejas y reclamaciones, además de una memoria detallada al finalizar el periodo de vigencia que incluya la retribución del personal desagregada por sexo.
La Vicepresidenta Segunda, Isabel Blanco, firma esta resolución que articula un recurso clave para la protección de las mujeres en el territorio. Las entidades que se presenten deben estar inscritas en el registro autonómico de centros de carácter social y acreditar su solvencia técnica.
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