Castilla y León aprueba el plan RADIOCyL ante riesgos radiológicos

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a un nuevo Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo radiológico, conocido como RADIOCyL, para blindar la respuesta ante posibles emergencias que impliquen materiales radiactivos. El plan es la pieza que faltaba en el engranaje de protección civil de la Comunidad para gestionar accidentes en instalaciones nucleares o radiactivas, actividades industriales no reguladas o incluso sucesos ilícitos que pongan en peligro a la población.

Si te preguntas qué afecta esto a tu día a día, la respuesta es que el plan establece protocolos claros para que las autoridades sepan exactamente cómo actuar si aparece una fuente radiactiva perdida o si ocurre un accidente en alguna de las numerosas instalaciones que, sin ser centrales nucleares, manejan sustancias radiactivas en Castilla y León. El documento detalla las funciones de cada grupo operativo, desde los equipos de intervención hasta los de apoyo psicológico.

El plan clasifica los riesgos en cinco grupos de emergencia, diferenciando las situaciones según su impacto potencial. Desde las instalaciones del ciclo de combustible hasta las aplicaciones médicas en radioterapia, todo está bajo la lupa de este plan, que se integra además con el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL).

El despliegue de recursos se organiza bajo una dirección regional, liderada por la consejería competente, y direcciones provinciales en las delegaciones territoriales. El texto aprobado establece los criterios para crear puestos de mando avanzado y coordinar las actuaciones entre distintas administraciones, eliminando la improvisación en caso de crisis.

Una parte clave del RADIOCyL se centra en la información a la población y la protección de los colectivos vulnerables. Se garantiza que los avisos serán accesibles y que la respuesta sanitaria estará preparada para atender a personas irradiadas sin demora, incluso en los primeros momentos del suceso.

Los ayuntamientos también tienen deberes: aquellos obligados a contar con un plan de actuación municipal frente al riesgo radiológico deberán consultar a la Dirección General competente para integrar sus protocolos con el plan regional. La norma ya está vigente tras su publicación en el boletín del pasado 26 de octubre.