Presidencia·Boletín Bien de Castilla y León,

Guisando regulariza el suelo urbano de la parcela 16 en la Dehesa

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila aprueba definitivamente la modificación de las normas urbanísticas en la subparcela Dehesa de Guisando.

Guisando regulariza su urbanismo en la zona conocida como Dehesa, un paso necesario para solventar antiguas discrepancias entre los planos municipales y la realidad de los terrenos. La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila ha aprobado definitivamente esta modificación puntual número 4, centrada en la parcela 16 del polígono 3, subparcela D.

Datos clave

Superficie total
12.010 m2
Cesión zona verde
4.660 m2
Plazo recurso
2 meses

El cambio ajusta la calificación de este suelo rústico común a suelo urbano consolidado, bajo la ordenanza de extensión grado II, para equipararlo a los terrenos adyacentes que ya cuentan con servicios urbanísticos. La intervención resuelve así la situación administrativa de unas parcelas que, aunque urbanizadas en la práctica para dotaciones como la depuradora (EDAR) y el cementerio, no figuraban correctamente en el planeamiento municipal vigente desde 2006.

El proyecto, que abarca una superficie de 12.010 metros cuadrados, contempla además la cesión de 4.660 metros cuadrados como zona verde junto al río Pelayo. Esta actuación responde a permutas previas pactadas por el Ayuntamiento con propietarios particulares, permitiendo que la titularidad municipal del suelo se asiente sobre una base normativa firme y definida.

La tramitación ha contado con los informes favorables de diversos organismos, incluyendo la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha validado el proyecto sin encontrar afecciones al dominio público hidráulico, siempre que se respete la normativa de zona de policía. También se han superado los controles de riesgos, como el de inundaciones, donde Guisando no presenta antecedentes ni zonas registradas, y el de incendios forestales, clasificado como moderado en el índice local.

El acuerdo definitivo fue firmado por el delegado territorial y presidente de la comisión, José Francisco Hernández Herrero, el pasado 3 de septiembre de 2026. Contra esta resolución, los interesados tienen ahora un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

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