Siete proyectos de cooperación se llevan las ayudas de la Junta de 2026

La Junta de Castilla y León ha cerrado el grifo de sus microproyectos de cooperación para 2026, dejando un rastro de proyectos aprobados y una lista de espera que, por falta de presupuesto, no verá ni un céntimo. Siete organizaciones se reparten el fondo destinado a intervenciones en países en desarrollo, mientras otras diez entidades que cumplían los requisitos técnicos se quedan fuera por falta de crédito.

El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) encabeza la tabla con un proyecto de recogida de agua de lluvia en El Salvador, valorado con 89,70 puntos, el más alto de toda la convocatoria. La cuantía máxima propuesta para este tipo de iniciativas es de 51.000 euros, cifra que alcanzan la mayoría de los seleccionados, aunque algunos ajustes presupuestarios han dejado el reparto final con variaciones según cada caso.

Entre los beneficiarios también figuran la Asociación Mundial para Ayuda a Pueblos Necesitados, que trabajará en Guatemala, y la organización Enraíza Derechos, que llevará sus programas de agroecología a Senegal. La diversidad geográfica es notable: desde Mandakerenge, en Guinea-Bissau, donde Tierra Sin Males mejorará un centro educativo, hasta el hospital de Kwango en la República Democrática del Congo, que recibirá energía renovable gracias a la Fundación PROCLADE.

La lista de los que no han podido entrar por falta de dinero incluye a veteranos de la cooperación como Cruz Roja Española, cuya propuesta en Honduras obtuvo 67,05 puntos, o Manos Unidas, con 66 puntos por un proyecto en Benín. El anexo II del boletín detalla hasta diez expedientes que se han quedado a las puertas de la financiación.

Hay un tercer grupo: las entidades cuya solicitud ha sido denegada por no alcanzar la puntuación mínima técnica exigida. Aquí se encuentran proyectos en países como Burkina Faso, Costa de Marfil o República Dominicana, que no llegaron al baremo fijado en las bases reguladoras.

El procedimiento ha sido largo. La comisión evaluadora obligó a las entidades a reformular sus presupuestos iniciales el pasado verano para ajustar las peticiones a la disponibilidad real de caja. Quienes han superado el filtro administrativo ya tienen el visto bueno.

Cualquier entidad que no esté de acuerdo con esta resolución tiene un mes para presentar un recurso de reposición ante la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Si prefieren la vía judicial, disponen de dos meses para acudir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Todo el dinero ya tiene dueño.