Doce proyectos de cooperación logran financiación de la Junta en 2026

Doce proyectos de cooperación internacional en países como Guatemala, El Salvador o Mozambique han logrado cerrar su financiación en la convocatoria de 2026 de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales acaba de resolver este reparto de fondos públicos destinados a proyectos de desarrollo, dejando fuera a otras 21 entidades por falta de crédito o por no llegar a la puntuación mínima necesaria.

La lista de beneficiarios es amplia y diversa. Entre los proyectos que han obtenido luz verde se encuentra, por ejemplo, la iniciativa de Fundación MUSOL en Guatemala, que se lleva la mayor cuantía propuesta con 285.000 euros para construir un sistema de agua potable en las comunidades rurales de Tejutla.

Otros proyectos destacados incluyen el de la Asociación Tierra sin Males en El Salvador, que recibe 240.000 euros, o el de UNICEF en Guinea Bissau, que cuenta con 255.000 euros para mejorar el saneamiento y la higiene menstrual en nueve escuelas del país. La asignación total de esta convocatoria se apoya en los presupuestos de este año y en las previsiones del próximo ejercicio 2027.

No todo han sido adjudicaciones. El proceso ha sido riguroso y ha dejado una larga lista de entidades en el camino. Un total de 17 organizaciones, como la Fundación del Valle o Manos Unidas, han visto desestimadas sus peticiones por la insuficiencia de crédito presupuestario tras ser valoradas. Otras cuatro, como Agrónomos Sin Fronteras, no superaron la puntuación mínima fijada en las bases.

También hay casos particulares que el boletín detalla con precisión. La Fundación DISI vio su solicitud inadmitida por presentarla por duplicado, mientras que la Fundación ISCOD ha quedado fuera de la concesión por incumplimiento de requisitos específicos. Estos expedientes ponen punto final a un proceso que comenzó con la convocatoria de finales de 2025.

Los beneficiarios tienen ahora el camino despejado para ejecutar las acciones prometidas, siempre bajo las pautas de justificación que marca la normativa. Quienes no estén conformes con la resolución tienen la opción de presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes desde su publicación, o acudir a la vía contencioso-administrativa en los dos meses siguientes.