Luz verde a la planta solar PSF Energuim de 2,4 MW en Aitona
La Generalitat autoriza la construcción de la planta solar PSF Energuim en el municipio de Aitona. La obra, con una potencia de 2,4 MW, cuenta con un presupuesto de ejecución que supera el millón de euros.
La Generalitat de Catalunya ha dado luz verde a la planta solar fotovoltaica PSF Energuim en Aitona. La resolución, firmada por la directora general de Energía Marta Morera el pasado 19 de octubre, autoriza tanto la construcción como la puesta en marcha de esta instalación energética en el Segrià.
Datos clave
- Inversión
- 1.112.025 €
- Potencia
- 2,4 MW
- Plazo puesta marcha
- 2 años
- Ubicación
- Parcelas 33 y 62, polígono 38, Aitona
El proyecto, promovido por la sociedad Energuim GNO 2, se ubicará en las parcelas 33 y 62 del polígono 38 de Aitona. Con una potencia instalada de 2,4 MW, la planta contará con 5.184 paneles solares de estructura fija y dieciséis inversores. La inversión total prevista para materializar esta infraestructura asciende a 1.112.025 euros.
La tramitación ha sido un proceso laborioso que ha requerido la intervención de múltiples organismos, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro hasta la Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida. El ayuntamiento de Aitona, por su parte, ha dejado constancia de que la empresa deberá respetar el reglamento municipal de caminos y hacerse cargo de posibles desperfectos durante las obras.
La infraestructura de evacuación eléctrica será breve pero esencial: una línea soterrada de apenas diez metros de longitud que conectará el centro de transformación con la red existente de la línea de Riegos, perteneciente a la subestación de Seròs. Todo este despliegue debe ajustarse rigurosamente al proyecto técnico redactado por el ingeniero industrial Jordi Pellicer.
La autorización viene acompañada de una lista de exigencias. La empresa deberá comunicar el inicio y fin de las obras, garantizar que los equipos sean nuevos y presentar una memoria anual de actividad una vez operativa. El plazo máximo para la puesta en marcha es de dos años, aunque la normativa contempla la posibilidad de solicitar una prórroga si se justifica con al menos un mes de antelación.
La Administración recuerda que esta autorización es revocable ante cualquier incumplimiento de las condiciones fijadas. El documento no agota la vía administrativa, por lo que cabe interponer un recurso de alzada ante el secretario de Transición Ecológica en el plazo de un mes.
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