Nuevas bases para las ayudas a la reinserción social en Cataluña
Ver las 41 ayudas abiertas en Cataluña →El Departamento de Justicia establece el nuevo marco regulador para las entidades sociales que intervienen en centros penitenciarios y de justicia juvenil.
Las entidades sociales que trabajan en la reinserción social en Cataluña ya cuentan con unas bases renovadas para los próximos años. El Departamento de Justicia y Calidad Democrática ha publicado la orden que regula las subvenciones dirigidas a proyectos de rehabilitación para personas internas en centros penitenciarios, quienes disfrutan de libertad condicional y jóvenes en centros educativos de justicia juvenil.
Datos clave
- Beneficiario
- Entidades sin ánimo de lucro
- Objeto
- Proyectos de reinserción y rehabilitación
- Subcontratación
- Máximo 50% de la actividad
- Transparencia
- Declarar sueldos si la ayuda supera 10.000 €
Todo cambia.
Esta normativa deroga el marco vigente desde 2021 y establece las reglas del juego para una línea que forma parte del plan estratégico 2025-2028. La gestión se realizará bajo el régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que la concesión dependerá de la valoración técnica de cada propuesta presentada.
El texto detalla que las entidades sin ánimo de lucro deben estar legalmente constituidas y poseer capacidad técnica suficiente para ejecutar los programas. Además, se introducen exigencias claras sobre el compromiso ético y la transparencia, incluyendo la obligación de comunicar las retribuciones de sus órganos directivos en casos donde la ayuda supere los 10.000 euros.
La norma prohíbe explícitamente financiar entidades que hayan sido sancionadas por discriminación de género o por vulnerar derechos de igualdad. Asimismo, las beneficiarias deberán garantizar el uso del catalán en su comunicación pública, redes sociales y atención a los usuarios.
Un aspecto relevante es la subcontratación, que queda limitada al 50 por ciento del importe total de la actividad. Si un proyecto supera el 20 por ciento de subcontratación y este coste es superior a 60.000 euros, la entidad deberá presentar los contratos correspondientes para su autorización previa por parte de la administración.
El control será riguroso. Las entidades se someten a la verificación de la Intervención General y otros órganos competentes, y la negativa a colaborar en estas inspecciones será causa directa de revocación y reintegro de los fondos.
La normativa entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Cada convocatoria específica fijará el presupuesto disponible, los plazos de ejecución y los criterios detallados de valoración que definirán qué proyectos reciben apoyo.
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