Barcelona: denegada la cancelación de un usufructo en la calle Ermengarda
La Generalitat confirma que no procede borrar la carga sobre una vivienda de Barcelona. La nuda propietaria deberá buscar una resolución judicial si quiere cambiar el asiento registral.
Cuando M. P. J. intentó cancelar el usufructo vitalicio de una vivienda en la calle Ermengarda de Barcelona, creyó que el fallecimiento del usufructuario bastaba. Sin embargo, el Registro de la Propiedad número 16 de Barcelona cerró la puerta a esa cancelación en junio de 2025. La Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación ha respaldado ahora esa negativa en una resolución firme.
Datos clave
- Resolución
- Recurso desestimado por la DGDEJM
- Plazo judicial
- 2 meses para demanda ante juzgados
- Motivo
- Sustitución fideicomisaria pendiente
La controversia nace de una herencia compleja. El testamento de M. J. P., fallecida en 2021, incluía una cláusula de sustitución vulgar y fideicomisaria de residuo. Esto significa que los bienes no pasan libremente a quien los recibe, sino que quedan sujetos a un destino sucesorio específico. Al liquidar la herencia en diciembre de 2024, el usufructo se asignó al heredero como pago de la cuarta falcidia, un derecho sucesorio catalán, pero manteniendo esa carga de sustitución sobre el bien.
M. P. J., como nuda propietaria, alegó ante la administración que el usufructo debía extinguirse automáticamente al morir el titular. Su recurso argumentaba que el derecho real había desaparecido por pura defunción. La Generalitat, tras consultar con su comisión técnica, ha rechazado este argumento al considerar que la inscripción inicial del Registro ya fijaba claramente dicha limitación.
La resolución de 2 de octubre de 2025 pone el foco en una cuestión formal: el recurso no es la vía adecuada para impugnar una inscripción registral ya practicada y consolidada en el año 2024. La administración subraya que ese asiento registral no admite interpretaciones ajenas a lo que quedó escrito en su día.
El camino para rectificar tales asientos exige pasos más estrictos. La Ley Hipotecaria requiere el consentimiento unánime de todos los interesados o, en su defecto, una resolución judicial que ordene el cambio. Nada de esto ha ocurrido en este caso. Sin acuerdo común, el registro permanece como está.
La vía administrativa se agota aquí. M. P. J. mantiene abierta la posibilidad de acudir a los juzgados de primera instancia de Barcelona mediante una demanda de juicio verbal, siempre que anuncie previamente su intención ante la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación. El plazo para dar ese paso es de dos meses desde la notificación formal.
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