Casi 7 millones de euros para empleo local en los municipios extremeños

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha una inyección de fondos directa para que los municipios y mancomunidades de la región mantengan a su personal técnico dedicado a la orientación y prospección laboral. Se trata del Programa de Colaboración Económica Municipal 2026, una herramienta que dota a las corporaciones locales de autonomía financiera para gestionar políticas activas de empleo sobre el terreno.

El programa cuenta con una dotación global de 6.993.724 euros, distribuidos en dos anualidades. Durante este ejercicio, la administración autonómica desembolsará 5.300.000 euros, mientras que el resto llegará en el primer trimestre de 2027. La distribución territorial se ha calculado proporcionalmente según los datos de desempleo y población media del periodo comprendido entre octubre de 2025 y el momento actual.

Las entidades destinatarias abarcan a todos los municipios extremeños con menos de 20.000 habitantes y las entidades locales menores dentro de municipios mayores, además de las mancomunidades que ya prestaban servicios de este tipo. Las cantidades varían según el peso de cada localidad: desde los 8.500 euros asignados a municipios con menos de 500 habitantes hasta los 89.044 euros que percibirá Montijo, la cifra más alta de toda la relación.

Para garantizar el impacto, el programa fija una regla clara: las entidades deben asegurar 200 horas de atención por cada 8.500 euros recibidos. Estas actuaciones pueden incluir desde el diseño de itinerarios personalizados y asesoramiento en el autoempleo hasta la prospección de necesidades en el tejido empresarial local. El personal encargado de estas tareas deberá ser técnico con titulación universitaria y acreditar formación específica en igualdad.

La flexibilidad es un punto clave. Las entidades podrán desarrollar acciones de forma individual o grupal, permitiendo incluso destinar hasta el 30 por ciento de las horas asignadas a la capacitación para el empleo. Eso sí, el programa exige que al menos el 70 por ciento de los fondos recibidos se dedique a cubrir los costes laborales del personal contratado para ejecutar estos servicios.

Las entidades locales tienen hasta el 30 de septiembre de 2027 para presentar la certificación final de las actuaciones realizadas. El control será estricto: el Servicio Extremeño Público de Empleo realizará un seguimiento periódico y cualquier remanente de fondos no justificado se descontará automáticamente de las futuras transferencias o deberá ser reintegrado a la caja de la comunidad autónoma.

Las cifras son tan variadas como la orografía extremeña. Zafra se sitúa al frente con 86.178 euros, mientras que pequeñas localidades como Aldehuela de Jerte o Barrado gestionarán 8.500 euros. Esta diferencia busca precisamente equilibrar la balanza en la lucha contra la despoblación y el desempleo rural.

Si alguna entidad local decide no seguir adelante, el proceso de renuncia es formal y electrónico. Deberán comunicar su decisión al Servicio Extremeño Público de Empleo antes de recibir el primer abono o, si ya se hubiera ingresado, devolver el importe mediante el modelo 50 con el código bancario específico. En caso de renuncia, el dinero no se reparte entre los demás, sino que se anula el compromiso de gasto por ese importe.

El programa busca resultados reales y medibles. Se acabaron los papeles sin fondo.