Ayudas económicas en Galicia para víctimas de violencia sexual

La Xunta de Galicia ha publicado en el Diario Oficial de Galicia el procedimiento para acceder a las ayudas económicas destinadas a mujeres, niñas y niños que han sido víctimas de violencia sexual. Estas ayudas, que buscan garantizar la autonomía económica y facilitar la recuperación integral de las personas afectadas, son un derecho subjetivo que se pone en marcha bajo el código de procedimiento SI434C.

El fondo total destinado a este fin asciende a 2.022.638,00 euros, con una distribución de 1.272.638,00 euros para el presente año y 750.000,00 euros reservados para 2027. La cuantía que percibirá cada beneficiaria se calcula como equivalente a meses de subsidio por desempleo, variando el número de meses según la situación personal de la víctima: desde los seis meses de carácter general hasta los veinticuatro meses en situaciones de discapacidad o cargas familiares específicas.

Para poder solicitar esta prestación, es necesario cumplir con varios requisitos: estar empadronada en Galicia, contar con la acreditación oficial de víctima de violencia sexual y acreditar unos ingresos mensuales que no superen el salario mínimo interprofesional, con excepciones para unidades familiares con menores o miembros a cargo. En el caso de tener personas dependientes, el límite de renta puede ascender hasta tres veces dicho salario.

El plazo de solicitud ya está abierto. Tienes hasta el 30 de octubre de 2026 para realizar tu petición, preferiblemente a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia, aunque también es posible acudir de forma presencial a los registros públicos autorizados.

La tramitación de estas solicitudes sigue un régimen de concurrencia no competitiva, por lo que se irán concediendo conforme se reciban siempre que haya crédito disponible. El orden de prioridad en caso de agotamiento de presupuesto favorece a menores de edad, seguidas por quienes tienen menores ingresos y mayores cargas familiares o grados de discapacidad.

El pago podrá recibirse en un pago único o en seis mensualidades, según la preferencia de la solicitante. Se contempla además la posibilidad de solicitar una prórroga única, bajo condiciones específicas, y la compatibilidad con otras prestaciones sociales, garantizando así una red de protección para las víctimas.

La acreditación de la condición de víctima es un paso clave. La orden detalla que se aceptarán sentencias condenatorias, órdenes de protección, informes del Ministerio Fiscal o informes de servicios sociales especializados como documento probatorio.

La burocracia no debe ser una barrera adicional. Si surge cualquier duda, el teléfono 881 99 50 06 está disponible para informar a las personas interesadas sobre los trámites.