Política Social e Igualdad·Boletín Bien de Galicia,

Galicia actualiza los precios del concierto social de discapacidad

La Xunta eleva los módulos económicos para el concierto social de atención a personas con discapacidad intelectual, con un impacto superior a los 2,3 millones de euros.

La Xunta ha actualizado los módulos económicos para el concierto social de atención a personas dependientes con discapacidad intelectual en Galicia. Esta revisión, oficializada este verano, ajusta al alza las cantidades destinadas a cubrir los costes del servicio para el periodo 2024-2028, tomando como referencia las subidas salariales pactadas en el decimosexto convenio colectivo del sector para 2026.

Datos clave

Presupuesto total
2.335.520,72 €
Efectos económicos
Desde el 1 de enero de 2026
Recurso reposición
1 mes
Recurso contencioso
2 meses

El incremento total asciende a 2.335.520,72 € que se repartirán entre el presente ejercicio y los años 2027 y 2028. Los efectos económicos se retrotraen al 1 de enero de 2026, lo que implica que las liquidaciones realizadas antes de esta publicación serán objeto de la regularización correspondiente para adaptar los pagos a las nuevas tarifas ahora vigentes.

Los nuevos precios mensuales varían según la tipología de plaza. Un servicio de atención diurna terapéutica se sitúa ahora en 1.473,33 € al mes, mientras que la modalidad ocupacional básica queda en 943,74 € mensuales. Si se trata de un servicio de atención residencial terapéutica en régimen de internado completo de 365 días, el coste total por plaza asciende a 3.755,74 € al mes.

El documento detalla un desglose pormenorizado por entidad y servicio en su anexo. La Fundación San Rosendo es la organización con el mayor volumen presupuestario asignado en esta revisión, con una dotación total de 354.659,17 € para sus diversos centros, seguida de cerca por Aspronaga y otras entidades que gestionan la atención a lo largo de toda la comunidad autónoma.

El desembolso se financia con cargo a la aplicación presupuestaria 08.04.312D.228.2. Las arcas autonómicas afrontan así una subida necesaria. Esta resolución agota la vía administrativa. Quien desee recurrirla tiene un mes para presentar una reposición o dos meses si opta por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

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