Siete ayuntamientos de Gipuzkoa reciben ayudas para restaurar sus archivos
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha resuelto la convocatoria de 2026 para la recuperación de patrimonio documental. Siete municipios se reparten algo más de 34.800 euros para restaurar sus archivos históricos.
Siete ayuntamientos de Gipuzkoa han recibido luz verde para poner a punto sus archivos más dañados. La Diputación Foral ha hecho público el reparto definitivo de las ayudas destinadas a la restauración de patrimonio documental, una convocatoria que este año suma un total de 34.851,68 euros en subvenciones.
Datos clave
- Importe total
- 34.851,68 €
- Beneficiarios
- Ayuntamientos de Eibar, Errenteria, Oñati, Hernani, Segura, Elgeta y Bergara
El reparto atiende a criterios técnicos de preservación y no todos los municipios reciben la misma cantidad, ya que el importe depende directamente del número de documentos que requieren intervención. Errenteria se lleva la partida más alta, con 8.131,20 euros para restaurar cinco piezas, mientras que el Ayuntamiento de Elgeta percibe 7.840,80 euros para otros cinco documentos.
La lista de beneficiarios incluye también a Segura, con 6.098,40 euros para dos documentos, y Hernani, que recibe 3.420,75 euros para restaurar tres registros. Por su parte, Oñati obtiene 3.328,26 euros para poner al día siete archivos, y Eibar, 3.005,58 euros para una sola pieza. El listado lo cierra Bergara, con 3.026,69 euros para la restauración de un documento único.
Los fondos se otorgan para cubrir el coste de actuaciones específicas que garanticen la pervivencia de estos registros históricos. Los beneficiarios tienen ahora la responsabilidad de ejecutar las obras de restauración según las condiciones marcadas en la base reguladora, bajo el riesgo de tener que devolver el dinero si no se cumple el fin último de la ayuda.
El proceso ha seguido su curso administrativo sin que se hayan presentado alegaciones durante el trámite de audiencia previo. La resolución es definitiva y pone fin a la vía administrativa, aunque los interesados disponen de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo o, con carácter previo, un mes para un recurso de reposición.
El archivo es memoria viva.
Los consistorios deberán justificar cada euro recibido en los plazos estipulados para evitar complicaciones contables. La restauración de este patrimonio documental no es solo una cuestión de papel y tinta, sino una inversión directa en la historia de cada rincón de nuestra provincia.
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