Ajuste de retribuciones para 28 administrativos en Hacienda
Ver las 9 oposiciones abiertas en Gipuzkoa →Una sentencia firme obliga a la Diputación de Gipuzkoa a subir el complemento de destino de 28 puestos de atención al ciudadano en Hacienda desde agosto.
Los funcionarios de la Diputación de Gipuzkoa que ocupan puestos de atención ciudadana en el Departamento de Hacienda y Finanzas verán finalmente ajustado su complemento de destino. Este movimiento administrativo responde a una sentencia firme que ha obligado a la institución foral a revisar su estructura retributiva tras un largo procedimiento judicial.
Datos clave
- Efectos
- 1 de agosto de 2026
- Puestos afectados
- 28 dotaciones de nivel administrativo
- Cambio aplicado
- Sube complemento de destino de 17 a 18
- Recurso administrativo
- 1 mes ante el Consejo de Gobierno Foral
Todo nace de la sentencia 000154/2026, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ratifica el fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia. El tribunal ha anulado el acuerdo foral de 2024 que denegó a estos trabajadores la revisión de la valoración de sus puestos, identificados con el código 3699.
La sentencia ordena resarcir económicamente a los recurrentes pagándoles la diferencia salarial entre los niveles 17 y 18 desde el 30 de enero de 2024, sumando además los intereses legales correspondientes. El cambio afecta a un total de 28 dotaciones de personal administrativo distribuidas en diversas oficinas, incluyendo personal en sedes de Donostia, Bergara, Azpeitia y Tolosa.
El ajuste formal se concreta en una actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que eleva el complemento de destino de estos funcionarios del nivel 17 al 18. Esta modificación entrará en vigor el próximo 1 de agosto de 2026, cerrando así un capítulo de litigios sobre las retribuciones de atención ciudadana.
La Diputación da cumplimiento a la orden judicial. Las personas interesadas que consideren que sus derechos no están bien cubiertos por esta resolución general tienen ahora un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Instancia de San Sebastián, o bien un recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno Foral en el plazo de un mes. El litigio termina aquí.
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