Madrid unifica el control de sus cuentas y subvenciones desde 2026

La Comunidad de Madrid ha renovado este 23 de julio su régimen de control interno, la maquinaria invisible que vigila que cada euro público se gaste donde y como debe. El nuevo decreto, que entra en vigor este mismo viernes, actualiza las normas para adaptarlas a la Ley de Hacienda regional aprobada el pasado diciembre. Un decreto.

La normativa anterior, que databa de 1997, queda formalmente derogada junto a otras normas técnicas sobre el gasto sanitario y el control continuo, en un ejercicio de limpieza reglamentaria que busca más claridad y orden en la fiscalización de las cuentas autonómicas.

El texto detalla el funcionamiento de la Intervención General, el órgano encargado de auditar la gestión económico-financiera. Se estructura en cuatro títulos que abarcan desde la fiscalización previa de gastos y pagos, hasta el control financiero permanente y el contable. La norma no supone una ruptura drástica con el modelo anterior, sino una sistematización que ahora incluye de forma explícita aspectos que antes quedaban en una zona gris, como la fiscalización previa de las bases de subvenciones y de los llamados pagos extrapresupuestarios.

Una de las novedades reside en la supervisión continua de las entidades del sector público institucional. Ahora, la Intervención General tiene el encargo de vigilar si estas entidades siguen teniendo sentido financiero y operativo. Si los motivos que justificaron su creación se desvanecen o dejan de ser el medio más idóneo para cumplir sus fines, el control forzará la evaluación de posibles reformas o disoluciones.

El decreto también refuerza el papel de los interventores en las mesas de contratación. Su rol será equivalente al de cualquier otro vocal, participando en la formación de la voluntad del órgano colegiado. Además, se establecen nuevos mecanismos para informar sobre el fraccionamiento de gasto en contratos menores, un punto que suele generar fricciones administrativas y que ahora cuenta con una guía de actuación más clara para evitar que se eludan los requisitos de publicidad.

El control interno es férreo. La norma detalla los deberes de los funcionarios de la Intervención, obligados a guardar sigilo y a trabajar con independencia funcional. Si durante sus auditorías detectan posibles infracciones administrativas, contables o indicios de fraude, la obligación de trasladarlo a los órganos competentes, como el Tribunal de Cuentas, es inmediata.

Los informes de control financiero serán ahora más rigurosos en su tramitación. Tras la fase provisional, el gestor del área tendrá 15 días hábiles para presentar alegaciones, salvo en casos específicos de Fondos Europeos, donde el plazo se recorta a 10. Si tras este proceso persisten las deficiencias, se activará un plan de acción para asegurar que las correcciones se produzcan en un tiempo razonable.

Se busca eficacia. Las funciones de control contable y financiero quedan integradas bajo la coordinación de los servicios centrales de la Intervención, que actuarán como centro gestor de la contabilidad pública autonómica. Todo el sistema de información contable se unifica en una plataforma única, digital y, sobre todo, integrada con el resto de sistemas de la Comunidad de Madrid.