La Agencia Madrileña de Atención Social cambia su control de nóminas
La Comunidad de Madrid sustituye la fiscalización previa por un sistema de control financiero permanente en la gestión de nóminas de la AMAS. Los informes finales permiten alegaciones en 15 días hábiles.
La Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) gestiona un volumen de nóminas tan inmenso y complejo que la Comunidad de Madrid ha decidido cambiar su sistema de fiscalización. Desde ahora, los controles tradicionales previos al pago se sustituyen por un sistema de vigilancia continua. La Intervención General de la Comunidad de Madrid ha dictado esta nueva hoja de ruta, firmada por Francisco Javier Carmena Lozano, para adaptar la fiscalización a la realidad de sus miles de trabajadores.
Datos clave
- Plazo
- 15 días hábiles para presentar alegaciones
- Qué hacer
- Presentar alegaciones o confirmar deficiencias
- Sistema
- Control financiero permanente
- Ámbito
- Gestión de nóminas y gastos de personal
La decisión responde a una lógica de eficiencia. La plantilla de la Agencia, con su alta rotación, elevado número de perceptores y constantes variaciones mensuales, ya no encaja en el examen individual previo de cada acto administrativo. El nuevo modelo opta por el análisis masivo de datos, la evaluación de riesgos y el seguimiento sistemático de incidencias.
Este control financiero permanente abarcará toda la gestión del capítulo 1 del presupuesto, que engloba nóminas, altas, bajas, retribuciones y cotizaciones sociales. Los interventores ya no revisarán caso a caso antes de emitir el pago, sino que auditarán el proceso completo de forma ininterrumpida a lo largo del año.
El sistema incluirá la comprobación de gastos de personal ajenos a la nómina y el seguimiento de los anticipos concedidos a los empleados. Las actuaciones se incluirán en el plan anual de la Intervención y contarán con sus propios programas de trabajo, revisables en función de los resultados que arroje la práctica.
La normativa es clara sobre el flujo de trabajo: los informes finales serán provisionales al principio. La dirección de la Agencia tendrá 15 días hábiles para presentar alegaciones o confirmar las deficiencias detectadas. Si se aceptan las irregularidades, el organismo deberá comprometerse a adoptar medidas correctoras.
El interventor general se guarda una vía de escape. Si en algún momento se detectan riesgos significativos o procesos con especial trascendencia, la Intervención puede revertir la decisión y someter ciertos expedientes al control tradicional.
El nuevo sistema ya está en marcha.
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