La Autoridad Vasca de Protección de Datos ya tiene su propio estatuto

La Autoridad Vasca de Protección de Datos ha dejado de ser un proyecto legislativo para convertirse en una estructura plenamente definida. Con la publicación del decreto en el Boletín Oficial del País Vasco, el ente cuenta por fin con el reglamento que detalla su funcionamiento interno, su capacidad de inspección y cómo se relacionará con la ciudadanía y las instituciones.

El texto, que consta de veinticinco artículos, asienta la sede de la Autoridad en Vitoria-Gasteiz, aunque su radio de acción es todo el territorio vasco. El estatuto ahora aprobado refuerza su independencia administrativa, dotándola de personalidad jurídica propia y plena capacidad para gestionar sus recursos, tanto humanos como económicos, fuera de las instrucciones directas del Ejecutivo autonómico.

Entre las novedades más tangibles para el ciudadano se encuentra la capacidad del organismo para realizar auditorías, no solo de los sistemas de información tradicionales, sino también de algoritmos y herramientas de inteligencia artificial. El personal funcionario encargado de estas labores inspectoras podrá, previa autorización de la Presidencia, entrar en locales y examinar soportes de datos, siempre garantizando el respeto legal a la inviolabilidad del domicilio cuando sea necesario.

El documento también regula la transparencia de sus futuras decisiones. La Autoridad se obliga a publicar en su página web las resoluciones sobre el ejercicio de derechos de privacidad, los dictámenes interpretativos y los códigos de conducta aprobados. De esta forma, cualquier persona podrá consultar qué criterios sigue el organismo ante reclamaciones o transferencias internacionales de datos.

Para el ámbito interno, el estatuto establece un sistema de presidencia rotatoria dentro del Consejo Consultivo, con mandatos de un año para cada uno de sus miembros. Este consejo será el encargado de informar previamente sobre cualquier circular interpretativa o cambio en la estructura de las unidades administrativas, asegurando que las decisiones no dependan de una sola voluntad.

La norma también aclara que el personal al servicio de esta entidad será funcionario y estará sujeto a un estricto deber de sigilo, que perdura incluso después de finalizar su relación laboral. El nuevo marco jurídico entra en vigor mañana, dotando a la institución de la autonomía necesaria para fiscalizar el tratamiento de datos personales en el sector público y privado.