El premio René Cassin se renueva: dos galardones y más facilidades
El Gobierno Vasco actualiza las bases de su distinción anual en derechos humanos. Entre las novedades, la posibilidad de premiar por separado a personas físicas y jurídicas.
El Premio René Cassin de Derechos Humanos, que reconoce a quienes dedican su trayectoria a defender la dignidad humana, estrena nuevas reglas tras más de dos décadas de historia. El Gobierno Vasco ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del País Vasco el decreto que moderniza el galardón, adaptándolo a las exigencias actuales y buscando una mayor participación ciudadana.
Datos clave
- Plazo resolución
- 6 meses desde la publicación de la convocatoria
- Composición jurado
- 9 personas de reconocido prestigio
- Plazo aceptación
- 10 días desde la notificación
- Entrada en vigor
- 25 de junio de 2026
La principal novedad es que el jurado podrá proponer hasta dos premiados por edición: uno para una persona física y otro para una persona jurídica, una distinción que hasta ahora no estaba contemplada de manera explícita en la normativa. Además, si en un año la convocatoria queda desierta o no convence al tribunal, este tendrá ahora la capacidad de rescatar candidaturas presentadas en los últimos tres años, siempre que sigan cumpliendo los requisitos.
Para fomentar la proyección internacional, el decreto abre la puerta a que personas o entidades extranjeras o residentes fuera del País Vasco puedan optar al premio, siempre que cuenten con una entidad local o estatal que los presente y dispongan de los medios de identificación electrónica necesarios para operar en la sede oficial. La transparencia también sube un peldaño: los galardonados deberán comprometerse a colaborar en la visibilidad del premio durante las dos siguientes ediciones.
El jurado, que estará compuesto por nueve personas de reconocido prestigio, seguirá analizando criterios como la trayectoria prolongada, la relevancia de la labor realizada y el impacto social tanto en Euskadi como en el exterior. También se evaluará de forma específica la repercusión de la candidatura en los derechos de las mujeres y la aplicación de los principios de igualdad y perspectiva interseccional, tal y como marca la Ley de Subvenciones vigente.
En cuanto a la gestión, el plazo máximo para que el Ejecutivo resuelva y notifique la concesión será de seis meses desde la publicación de la convocatoria oficial. Si pasado ese tiempo no hay respuesta, las candidaturas se entenderán desestimadas por silencio administrativo. La nueva normativa, que entra en vigor este jueves, deroga el anterior decreto de 2013 y busca asegurar que el premio siga siendo un instrumento vivo para reconocer el compromiso con la convivencia y la paz.
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