Ajuste de titulaciones para acceder a plazas de funcionario en Euskadi

El Gobierno Vasco ha actualizado el listado oficial de titulaciones y campos de estudio necesarios para acceder a los puestos de funcionario. El nuevo Decreto 159/2026, que entra en vigor este sábado, ajusta los requisitos académicos para alinearlos con las sentencias judiciales recientes y la realidad actual del mercado universitario.

La norma, impulsada por el Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, modifica el Decreto 61/2022. Su objetivo es garantizar que la relación de puestos de trabajo (RPT) refleje correctamente los títulos del Registro Unificado de Centros y Títulos (RUCT) de las diversas escalas de personal funcionario.

Este cambio afecta a todas las escalas, desde la Superior de Administración hasta las facultativas y técnicas de sectores tan variados como la enfermería, la ingeniería industrial, el medio ambiente o la normalización lingüística. La administración responde así a los fallos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que habían cuestionado parcialmente la configuración previa de estos requisitos.

El texto incluye decenas de páginas de anexos que detallan, escala por escala, qué grados, licenciaturas o ingenierías son válidos para cada plaza. Por ejemplo, el acceso a la escala técnica de enfermería se abre ahora a titulados en grado o diplomatura con código RUCT 091301, mientras que las escalas de informática y sistemas se adaptan a la nueva oferta académica en inteligencia artificial y ciberseguridad.

Si te presentas a una oposición o aspiras a una plaza pública en Euskadi, te interesa revisar la tabla que corresponde a tu perfil. Los errores en la titulación son una causa frecuente de exclusión en los procesos selectivos, y este decreto busca precisamente evitar esos desajustes administrativos.

Los funcionarios y opositores tienen ahora un mes para interponer un recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno si consideran que algún aspecto les perjudica directamente. También pueden optar por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia, con un plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación. El resto, a comprobar el título.