Reordenación de puestos en el Gobierno Vasco: amortizaciones y cambios
El Ejecutivo de Imanol Pradales formaliza una modificación de las plantillas con la amortización de diez plazas y la creación de otras dos. Los ajustes tocan áreas clave de la administración.
El Gobierno Vasco ha cerrado una reordenación de sus estructuras internas que afecta a las relaciones de puestos de trabajo tanto de personal funcionario como laboral. Este ajuste, formalizado mediante el Decreto 158/2026, busca alinear la plantilla de sus Departamentos y Organismos Autónomos con los objetivos marcados por la Ley de Empleo Público Vasco.
Datos clave
- Entrada en vigor
- 21 de octubre de 2026
- Puestos suprimidos
- 10 plazas entre funcionario y laboral
- Puestos creados
- 2 plazas de administrativo A
- Recurso reposición
- 1 mes desde la publicación
- Recurso contencioso
- 2 meses desde la publicación
El decreto, que entra en vigor el 21 de octubre, detalla qué puestos se amortizan y cuáles se crean o modifican. La reestructuración, impulsada por el Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, afecta principalmente a cargos de gestión en áreas técnicas y jurídicas.
En la parte de funcionario, el Anexo I recoge la amortización de siete puestos: un asesor jurídico y seis plazas de auxiliar general. Estas supresiones se derivan de la adaptación a la normativa vigente que regula los cuerpos y escalas de la administración autonómica.
La parte laboral es más variada. Se amortizan dos plazas de jefe de centro y una de conductor de departamento. A cambio, el Anexo II recoge la creación de dos plazas de administrativo A y diversas modificaciones en puestos de jefatura.
En particular, el área de Seguridad ve transformados cinco puestos clave: se modifican las jefaturas de las áreas de Planificación y Centros, Medicina del Trabajo, Régimen Jurídico Público y Especialidades Técnicas, además de una plaza de auxiliar administrativo A.
La mayoría de estas plazas de Seguridad tienen su destino fijado en Erandio. Todos los movimientos buscan, según el texto oficial, una mayor eficacia en la ordenación de las estructuras internas de la administración.
Contra esta norma, quienes se sientan afectados pueden interponer un recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes o acudir a la vía contencioso-administrativa en dos meses. Las ausencias escuecen.
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