El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas fiscaliza la gestión de Gipuzkoa

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha publicado su informe de fiscalización sobre la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa correspondiente al ejercicio 2024, dejando sobre la mesa una serie de puntos críticos que van desde la gestión de contratos hasta el control interno de los fondos públicos. El documento, aprobado el 21 de mayo de 2026, refleja salvedades tanto en el cumplimiento de la legalidad como en la imagen fiel de las cuentas anuales.

En el plano presupuestario, el Tribunal señala que la Diputación Foral incluyó créditos iniciales por 4 millones de euros procedentes de partidas nuevas en un presupuesto prorrogado, contraviniendo la norma foral vigente. Además, se detectaron excesos en la creación de créditos de compromiso por valor de 13 millones de euros y transferencias entre estos que superaron los límites permitidos en otros 9,7 millones de euros.

La contratación pública es otro de los pilares donde se han hallado desajustes. La Diputación tramitó doce contratos sin la antelación de tres meses exigida, lo que derivó en gastos sin cobertura de 5,1 millones de euros. A esto se suma que el contrato para la operación y mantenimiento de carreteras, adjudicado por 387,3 millones de euros, excede el límite legal de cinco años de duración sin una justificación clara en el expediente.

En cuanto a las entidades instrumentales, destaca el caso de Kabia, organismo que continúa ejecutando veinticinco contratos vencidos, con un gasto sin expediente de 24,7 millones de euros. Por su parte, la empresa Bidegi se enfrenta a críticas por la falta de firmas mancomunadas en sus cuentas bancarias, una medida de seguridad básica para la gestión de caudales públicos que el informe recomienda subsanar.

La situación patrimonial tampoco se libra de advertencias. El inventario general de bienes y derechos no cuenta con la aprobación del Consejo de Gobierno Foral y se han detectado inmuebles, como cuatro residencias de mayores integradas en la actividad de Kabia, que no figuran en el balance de situación ni de la Diputación ni del organismo autónomo. Asimismo, el valor contable de inmovilizados por 674,6 millones de euros carece de soporte en un inventario detallado.

Ante estas observaciones, los distintos departamentos forales han presentado sus alegaciones. Argumentan, en casos como los contratos de servicios sociales, que la complejidad de la gestión y la falta de marcos convencionales han dificultado el cumplimiento de los plazos. Respecto a las transferencias de crédito, la Diputación defiende que los límites legales no fueron superados bajo su interpretación técnica, mientras que otras entidades atribuyen los errores administrativos a fallos puntuales o circunstancias sobrevenidas.

El Tribunal, al mantener sus salvedades, subraya la necesidad de mejorar los sistemas de control interno. El informe, de carácter definitivo, marca un escenario donde el rigor en la gestión presupuestaria y la transparencia en la contratación deben ser revisados para ajustarse a los principios de buena administración que rigen el sector público vasco.