Zumarraga bajo la lupa del Tribunal de Cuentas: luces y sombras en 2023

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha puesto el foco en la gestión del Ayuntamiento de Zumarraga durante 2023. El informe, que acaba de ver la luz, analiza desde la salud financiera del municipio hasta la manera en que se contratan los servicios que dan vida a la villa, dejando al descubierto una serie de cuestiones que, si bien no alteran la imagen fiel del patrimonio, sí invitan a una gestión más pulida en los despachos municipales.

Entre los puntos más llamativos destaca el uso de la tasa de terrazas y veladores. El informe de control interno municipal advierte que, aunque las restricciones por la pandemia quedaron atrás, el Ayuntamiento no llegó a crear el padrón fiscal necesario para liquidar esta tasa en 2023. Esto ha permitido que los hosteleros mantuvieran sus terrazas ampliadas sin que se haya instruido el expediente para cobrar el tributo, algo que el Tribunal y el propio control interno consideran que debería haberse ajustado.

El apartado de contratación pública es, quizá, el más prolijo en observaciones. El Tribunal cuestiona la composición de las mesas de contratación en varios expedientes, señalando la falta de quórum o la presencia de personal interino sin la debida justificación. Incluso ha surgido un voto particular del consejero Xabier Txokarro Amunarriz, quien enfatiza que en contratos que suman 6,7 millones de euros se habrían producido irregularidades en la conformación de estas mesas de contratación.

La fiscalización también pone en evidencia la gestión de subvenciones y ciertos contratos. Por ejemplo, se detectó que el 76 por ciento de las resoluciones de subvenciones analizadas no se publicaron en la Base de Datos Nacional de Subvenciones en su momento. Asimismo, se señala la prórroga de un contrato de servicios que databa del año 2000, cuya duración original debería haber sido de 4 años, y que siguió vigente en 2023 con un gasto de 56.619 euros.

En cuanto a los números del balance, el informe menciona que 1,3 millones de euros en excedentes de tesorería estaban registrados erróneamente en el epígrafe de Tesorería, cuando deberían figurar como inversiones financieras temporales. Además, se apunta a un error de cálculo de 237.241 euros en el resultado ajustado del ejercicio, algo que el Ayuntamiento ya se ha comprometido a subsanar en los ejercicios posteriores.

El consistorio ha respondido a estas observaciones con diversas alegaciones. En el caso de la contabilidad y el personal, se asegura que las deficiencias ya se están corrigiendo en los presupuestos de 2026. Sobre las dudas en los contratos, el Ayuntamiento defiende que la formación incluida como criterio de adjudicación es específica y necesaria para mejorar la calidad del servicio, y no una simple mejora organizativa de la empresa.

Respecto a la Mancomunidad de Urola Garaia, el informe destaca que se están prestando servicios de fomento de empleo y promoción económica sin un encargo formal específico, algo que los responsables municipales justifican como una necesidad de la comarca mientras se adaptan los estatutos de la entidad. Las aportaciones al Euskaltegi también se encuentran en revisión, con el objetivo de que el cálculo deje de depender solo del censo y se ajuste mejor a la realidad.

El Tribunal, en su conclusión final, valida el cumplimiento razonable de la legalidad por parte del municipio, pero la fiscalización deja patente que la burocracia municipal tiene mucho que afinar, especialmente en la transparencia de sus contratos y en el rigor administrativo de sus tasas.