El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas fiscaliza las cuentas de 2024

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha publicado su informe definitivo sobre la gestión económica del Gobierno Vasco durante 2024. El documento, que ya está en manos del Parlamento Vasco, arroja una radiografía detallada donde el cumplimiento de la normativa financiera se mezcla con una lista notable de irregularidades en la contratación pública y en la concesión de subvenciones, marcando un ejercicio donde el déficit ha superado los límites pactados.

El aspecto más llamativo del informe es el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el sector de administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi cerró 2024 con un déficit del 0,6 % del PIB, lo que equivale a unas necesidades de financiación de 584 millones de euros. Esta cifra se sitúa por encima del límite del 0,3 % establecido en el acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico. Asimismo, la regla de gasto no se cumplió, con un aumento del 5,8 % frente al límite permitido del 2,6 %.

En cuanto a la contratación, el informe detalla un panorama de gestión que, según el Tribunal, debe mejorar. Se han detectado 274 adquisiciones de bienes y servicios por un valor total de 3,4 millones de euros que fueron tramitadas de forma directa sin seguir el procedimiento de licitación necesario. Destaca el caso del Departamento de Educación, responsable de 118 de estos contratos menores. Además, el Tribunal señala deficiencias en expedientes de gran volumen, como los 135,2 millones de euros destinados al transporte sanitario no asistencial, donde las consultas de los licitadores llegaron a alterar el contenido de los pliegos.

El área de subvenciones tampoco se libra de las observaciones. El Tribunal analizó 15 ayudas directas y puso el foco en varias de ellas: 4 subvenciones por valor de 12,4 millones de euros fueron concedidas de forma reiterada, sin que su carácter fuera excepcional, y 3 subvenciones por 7,2 millones de euros carecen de memorias que justifiquen por qué no se optó por una convocatoria pública. En el caso del programa Emantzipa, se detectó que en 18 de los 50 expedientes analizados no se siguió correctamente el procedimiento de subsanación de documentación.

El informe también pone nombre a las ausencias de personal: las Relaciones de Puestos de Trabajo al cierre de 2024 no incluían 2.302 plazas con dotación presupuestaria, divididas mayoritariamente entre Educación con 1.557 puestos y Justicia con 741. Asimismo, el Tribunal deja constancia de que no constaba el informe obligatorio de la Oficina de Control Económico para la convocatoria de 280 plazas de la Ertzaintza y la Policía Local.

No todo el documento ha sido un camino de rosas institucional. El informe incluye un voto particular de la miembro del Pleno, Inmaculada Anda Apodaca, quien discrepa de que se incluyera el apartado de estabilidad presupuestaria al considerarlo ajeno al objeto del informe de fiscalización de la Administración General. Por contra, el consejero Jaime Dominguez-Macaya presentó un voto particular concurrente para defender que, dada la excepcionalidad de 2024, era necesario reflejar estos datos para garantizar la transparencia ante el Parlamento y la ciudadanía.

El documento completo, junto con las alegaciones presentadas por los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, ya está disponible para su consulta pública como parte de la rendición de cuentas anual obligatoria.