Oiartzun inicia el camino para ser declarada zona residencial tensionada
El Gobierno Vasco ha iniciado el procedimiento para declarar a Oiartzun zona de mercado residencial tensionado tras constatar una subida de precios que supera el 22,4 por ciento.
Si vives en Oiartzun, habrás notado que buscar un piso digno a un precio razonable se ha convertido en una carrera de obstáculos. El Gobierno Vasco ha dado el primer paso oficial para declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado, una medida que busca poner freno a una escalada de precios que ya resulta insostenible para muchas familias.
Datos clave
- Plazo alegaciones
- 20 días hábiles
- Subida precios
- 29,2% en 5 años
- Umbral legal
- 22,4% en 5 años
- Consulta pública
- Sede electrónica del Gobierno Vasco
El expediente, impulsado por el ayuntamiento, no parte de una intuición sino de números fríos. Entre 2020 y 2025, el precio de compraventa en Oiartzun subió un 29,2 por ciento. La cifra supera con creces el umbral legal necesario para activar este mecanismo, que se fija en el IPC de Euskadi más tres puntos porcentuales, es decir, un 22,4 por ciento.
El Gobierno Vasco considera acreditado que existe un riesgo real de abastecimiento insuficiente de vivienda habitual. Los datos del Observatorio Vasco de Vivienda, analizados en abril de 2025, confirman que el mercado local no está logrando atender la demanda a precios asequibles para la situación socioeconómica de sus vecinos.
El proceso entra ahora en una fase pública vital. A partir de la última publicación oficial de este procedimiento, se abre un plazo de veinte días hábiles para que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones. Es el momento de aportar valor al expediente antes de que la declaración sea firme.
La documentación que justifica esta decisión está disponible para su consulta en la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, en la calle Donostia-San Sebastián 1 de Vitoria-Gasteiz, y también en la sede electrónica del Gobierno Vasco.
La declaración tendrá una vigencia inicial de tres años. La medida busca estabilizar el mercado.
El ayuntamiento también ha recibido un plazo de veinte días hábiles para presentar sus propias consideraciones desde que le sea notificada formalmente la orden. El proceso para frenar la subida ya está en marcha.
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