La planta fotovoltaica PSF Chasca de Samboal obtiene luz verde en Chiva
La Conselleria de Medi Ambient autoriza la central fotovoltaica PSF Chasca de Samboal en Chiva. El proyecto roza el medio millón de euros y obliga al promotor a garantizar el desmantelamiento futuro de las instalaciones.
El paisaje de Chiva va a integrar una nueva planta fotovoltaica tras la autorización oficial concedida por el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València. Chasca de Samboal SL, la empresa promotora, cuenta desde este mes con el visto bueno administrativo para levantar la central PSF Chasca de Samboal en suelo no urbanizable, concretamente en el polígono 32 del municipio.
Datos clave
- Recurso
- 1 mes desde la notificación
- Importe obra
- 470.712,51 €
- Garantía
- 84.889,99 €
- Capacidad
- 3,5 MW
- Plazo puesta marcha
- 9 meses
La instalación, con una capacidad de 3,5 MW, ocupará diversas parcelas y contará con una infraestructura de evacuación que se extenderá también por parte del polígono 35. El presupuesto total de la obra asciende a 470.712,51 euros, una cifra que refleja la envergadura del proyecto de conexión eléctrica.
La administración ha impuesto condiciones estrictas para garantizar la integración en el entorno, incluyendo el mantenimiento de la red de drenaje natural y la prohibición de usar herbicidas. Además, el promotor deberá depositar una garantía de 84.889,99 euros, destinada a asegurar que, al final de su vida útil, el terreno sea restaurado completamente.
La resolución ya es oficial. Esta autorización no exime al promotor de obtener las licencias municipales de construcción ni de gestionar las ocupaciones de los caminos afectados. La empresa tendrá un plazo máximo de 9 meses para solicitar la puesta en marcha definitiva, según el cronograma presentado.
Los propietarios de las fincas afectadas verán ocupaciones temporales y servidumbres de paso en sus terrenos, conforme a la relación de bienes publicada. La lista incluye tanto parcelas privadas como titularidades de la propia Administración.
Cualquier interesado que desee recurrir esta decisión administrativa tiene un plazo de un mes, contado a partir de la notificación formal de la resolución. La vía legal queda abierta, pero las autorizaciones ya están sobre la mesa.
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