Luz verde al plan balear de transición energética de 10.378 millones

El Plan de Transición Energética y Cambio Climático de las Illes Balears (PTECC) ya tiene luz verde ambiental. La resolución de la Directora General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, Paz Andrade, formaliza el visto bueno estratégico necesario para que el archipiélago encare su hoja de ruta climática hasta 2050, aunque el proceso no ha estado exento de tensiones técnicas y críticas sobre la dependencia energética.

La declaración ambiental estratégica aprobada el pasado 27 de mayo de 2026 marca el camino para cumplir con los ambiciosos objetivos autonómicos de reducción de emisiones y despliegue de energías renovables. La resolución es contundente en sus condicionantes: para que el impacto final sea positivo, las futuras actuaciones deberán integrar la protección del territorio como una premisa innegociable, evitando la ocupación de espacios de valor ecológico, áreas protegidas, Red Natura 2000 y suelos agrícolas más fértiles.

El documento establece un presupuesto global para el plan que asciende a 10.378.578.382 €. El reparto interno revela las prioridades de la estrategia: un 93,06 por ciento del montante se concentra en el Pilar 1, dedicado a la estabilización y decrecimiento de la demanda energética, mientras que el resto de los pilares (economía circular, resiliencia ante impactos y conocimiento/innovación) se reparten la porción menor del pastel, con un testimonial 0,25 por ciento para el cuarto pilar.

Durante el proceso de información pública, las voces críticas no han sido pocas. Organizaciones como el GOB Mallorca y el Comité de Expertos han cuestionado la exclusión del transporte aéreo y marítimo en los objetivos de reducción del plan, recordando que representan más de un tercio de las emisiones de las islas. La resolución justifica esta exclusión por la falta de competencias directas del Govern, aunque insta a incluirlas de forma orientativa en los próximos presupuestos de carbono.

Otra de las grandes fricciones reside en la interconexión con la península mediante el segundo cable. El plan prevé que esta infraestructura aporte hasta el 70 por ciento de la demanda eléctrica balear en 2030, una apuesta que el Comité de Expertos califica como una externalización de las emisiones que contradice el objetivo de autosuficiencia energética que marca la propia Ley 10/2019.

En el terreno de la zonificación, el texto corrige errores detectados en borradores previos, como la ubicación errónea de Manacor como municipio de Menorca. Además, la resolución impone estudios de viabilidad rigurosos antes de cualquier desarrollo de energía eólica o undimotriz, exigiendo que se superen los mapas de aptitud técnica con análisis ambientales actualizados que garanticen la conectividad ecológica y la protección de especies amenazadas.

El plan tiene una vigencia inicial de diez años y deberá someterse a revisiones obligatorias cada cinco para ajustar sus determinaciones a la realidad climática. Para los proyectos que se deriven de este marco, la resolución es clara: deberán incluir un plan de gestión de residuos y un presupuesto específico para el futuro desmantelamiento de las instalaciones al final de su vida útil.

Las administraciones competentes tienen ahora el encargo de integrar estos criterios ambientales en sus próximos pasos. La resolución recuerda que el documento no cierra la puerta a futuras modificaciones, sino que exige una planificación donde la descarbonización y la preservación del patrimonio natural balear avancen a un mismo paso.