Ordizia ensancha a 3 metros su nueva acera en el enlace de la N-I-420

Los vecinos y trabajadores de Ordizia que transitan a pie entre Agirrebidea y San Bartolomé cuentan desde esta semana con una hoja de ruta definitiva. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado el proyecto revisado para construir un itinerario peatonal segregado del tráfico en el enlace de la carretera N-I-420, una obra necesaria para evitar que las personas sigan jugándose el físico por el arcén.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 575.851,21 euros, ha crecido en ambición durante su fase de exposición pública. Al detectarse el desarrollo urbanístico en el ámbito de Oiangualde, la Diputación ha decidido ampliar el ancho de la acera de los dos metros inicialmente planteados hasta los tres, previendo un mayor flujo de ciclistas y peatones del proyectado hace un año.

La ejecución de esta mejora se divide en dos tramos muy diferenciados. El primero, que discurre junto a la zona con vegetación y el aparcamiento, requerirá la construcción de una escollera para crear la plataforma. El segundo, sobre el paso superior, aprovechará la calzada existente mediante una reordenación de la señalización que reducirá ligeramente el espacio para los vehículos.

El proceso ha incluido la resolución de las alegaciones presentadas por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). La empresa planteaba dudas sobre la delimitación de sus terrenos afectados y la compatibilidad de estas obras con otros proyectos ferroviarios y logísticos en la zona de Agarre. La Diputación ha desestimado las alegaciones al considerar que las afecciones están correctamente delimitadas y que el nuevo diseño mantiene los accesos rodados a las instalaciones en condiciones equivalentes a las actuales.

El proyecto afecta a dos fincas privadas en el término municipal de Ordizia. La primera, de naturaleza rústica, sufre una expropiación de 197,65 metros cuadrados. La segunda, de naturaleza urbana y propiedad de CAF, ve expropiados 530,75 metros cuadrados.

Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de catorce semanas. La aprobación del proyecto implica la declaración de necesidad de ocupación de los bienes afectados. Los interesados tienen ahora un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desde el día siguiente a la notificación.