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Industria, Transición Energética y Sostenibilidad·Boletín Bien del País Vasco,

Irun tendrá una planta de baterías de 30 megavatios en el Bidasoa

El Gobierno Vasco da el visto bueno ambiental a la planta de almacenamiento FF1 Bidasoa BESS en Irun. Con 30 megavatios de potencia, el proyecto ocupará suelo industrial y conectará con la subestación local.

Irun ganará una nueva instalación de almacenamiento energético en los próximos meses. El Gobierno Vasco ha dado luz verde al informe de impacto ambiental del proyecto de baterías FF1 Bidasoa BESS, promovido por la empresa FFNEV BESS. La resolución confirma que, tras aplicar las medidas correctoras oportunas, la infraestructura no requiere una evaluación ambiental ordinaria.

Datos clave

Plazo validez
4 años
Potencia
30 megavatios
Capacidad
120,72 megavatios hora
Duración obras
9 meses
Superficie
2.240 metros cuadrados

El proyecto se levantará sobre una parcela de 2.240 metros cuadrados en un entorno ya industrializado del municipio. La planta contará con una potencia de 30 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 120,72 megavatios hora. Estará formada por seis bloques, cada uno con cuatro contenedores de baterías, dos convertidores y un transformador.

La energía se evacuará mediante una línea subterránea de 691 metros de longitud que conectará directamente con la subestación de Irun a 30 kilovoltios. Los trabajos de ejecución, que ya tienen el visto bueno ambiental, se estiman en nueve meses de duración.

La ubicación elegida evita zonas naturales protegidas y se integra en la trama urbana. El informe destaca que el terreno es prácticamente llano, lo que simplifica las labores de excavación. Los movimientos de tierras previstos ascienden a 754,86 metros cúbicos en total.

La resolución impone un control estricto sobre las especies exóticas invasoras detectadas, como la cortaderia o la buddleja, para evitar su expansión durante las obras. Asimismo, el promotor deberá garantizar la protección del arroyo Kaskoitegi, que atraviesa la zona de forma soterrada.

El titular de la instalación tendrá la responsabilidad de aplicar las medidas de seguridad industrial exigidas, desde sistemas antiincendios específicos para baterías hasta un plan de autoprotección. Además, el proyecto incluye compromisos para minimizar el ruido y asegurar que la iluminación exterior no resulte intrusa para las viviendas cercanas.

Si el proyecto no se ejecuta en un plazo de cuatro años, este informe de impacto ambiental perderá su validez. Nicolas García-Borreguero, director de Administración Ambiental, firma esta resolución que permite el avance de la planta.

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