Bilbao busca reducir a 5 el número de viviendas para ser gran tenedor
El Gobierno Vasco inicia los trámites para rebajar el umbral de gran tenedor en Bilbao de diez a cinco viviendas. El periodo de alegaciones está abierto para vecinos y entidades afectadas.
Bilbao se prepara para cambiar las reglas del juego en su mercado de alquiler. El Gobierno Vasco ha iniciado el procedimiento para modificar la definición de gran tenedor en el municipio, rebajando el umbral de las diez viviendas actuales a cinco. Si eres propietario de varios inmuebles en el Botxo, esta medida te afecta directamente.
Datos clave
- Nueva propuesta
- 5 o más inmuebles urbanos
- Plazo alegaciones
- 20 días hábiles
- Qué se excluye
- Garajes, trasteros y vivienda pública
- Dónde consultar
- Sede electrónica del Gobierno Vasco
La solicitud parte del propio Ayuntamiento de Bilbao, que presentó en marzo de 2026 una memoria justificativa para ajustar este criterio a la realidad local. El Gobierno Vasco ha validado la propuesta y ahora abre el periodo de información pública para completar el proceso. La norma excluye de este recuento garajes y trasteros, así como las viviendas que sean titularidad de administraciones públicas o sus entes instrumentales.
El cambio es técnico pero profundo.
La declaración de zona tensionada vigente no se altera en sus otros puntos, manteniendo su vigencia y objetivos. El documento que justifica esta modificación, donde se detallan las razones técnicas y el impacto esperado en el mercado, ya está disponible en la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda en Vitoria-Gasteiz y en la sede electrónica del Gobierno Vasco.
Cualquier persona interesada puede presentar alegaciones durante un plazo de veinte días hábiles. El contador comienza a correr al día siguiente de la última de las publicaciones en el Boletín Oficial del País Vasco o en el de Bizkaia.
El Ayuntamiento de Bilbao también cuenta con ese mismo plazo de audiencia para aportar documentación adicional. Este paso administrativo es el preludio de una resolución definitiva que, de confirmarse, transformará el estatus legal de muchos arrendadores en la capital vizcaína.
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