Basauri es ya zona de mercado residencial tensionado

Los vecinos y propietarios de Basauri ya cuentan con una nueva realidad normativa que afecta directamente al mercado de arrendamientos. Tras la solicitud presentada por el Ayuntamiento en noviembre del año pasado, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha formalizado la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado por un periodo inicial de tres años.

Esta medida busca aliviar el esfuerzo económico que supone el acceso a una vivienda, un criterio que se ha considerado acreditado tras el análisis de la carga media que el alquiler supone para los hogares locales. La resolución conlleva cambios inmediatos, especialmente para quienes arriendan viviendas en el municipio.

Uno de los puntos clave para los propietarios es la nueva definición de gran tenedor. A efectos de esta normativa, se considera así a toda persona física o jurídica que sea titular de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial o que sume más de 1.500 metros cuadrados de superficie construida, excluyendo garajes y trasteros. Esta clasificación excluye, en cualquier caso, a las administraciones públicas y sus entes dependientes.

El impacto práctico se traduce en una limitación de las rentas en los nuevos contratos de arrendamiento. Para aquellos inmuebles que no hayan estado alquilados en los últimos cinco años, el precio pactado no podrá exceder el límite máximo establecido por el sistema de índices de precios de referencia. Asimismo, en los contratos donde el arrendador sea un gran tenedor, el alquiler también queda sujeto a este mismo control de precios.

Existen excepciones tasadas que permiten un incremento de hasta el diez por ciento sobre la última renta vigente, siempre que se acrediten actuaciones de mejora en accesibilidad, rehabilitaciones energéticas con ahorros superiores al 30 por ciento, obras de mejora general o la firma de contratos de larga duración de diez o más años.

Aunque el proceso ha concluido su fase de exposición pública sin alegaciones, los interesados disponen ahora de un mes para interponer un recurso potestativo de reposición ante el propio Departamento de Vivienda o, en su defecto, un plazo de dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa ante los juzgados.