Sopela, declarada oficialmente zona de mercado residencial tensionado
El Gobierno Vasco oficializa la declaración de Sopela como área tensionada. La medida limita los precios de los nuevos alquileres y establece reglas específicas para los grandes propietarios del municipio.
Sopela se suma oficialmente a la lista de zonas de mercado residencial tensionado. Esta declaración, firmada el 27 de julio por el consejero Denis Itxaso González, busca frenar el encarecimiento de los alquileres en el municipio tras acreditar que el mercado no está logrando facilitar un acceso asequible a la vivienda.
Datos clave
- Vigencia
- 3 años
- Gran tenedor
- Titular de 5 o más inmuebles residenciales
- Recurso reposición
- 1 mes
- Recurso contencioso
- 2 meses
La decisión oficial, recogida en el Boletín Oficial del País Vasco, implica cambios directos en los contratos de arrendamiento que se firmen a partir de ahora. Por un lado, las rentas quedan vinculadas a los límites del sistema de índices de precios de referencia cuando el arrendador sea un gran tenedor, figura que en Sopela se define como aquel titular de cinco o más inmuebles residenciales, excluyendo garajes y trasteros.
Asimismo, en los inmuebles que no hayan estado alquilados en los últimos cinco años, el precio inicial del nuevo contrato tampoco podrá superar el límite marcado por dicho sistema de precios.
Para el resto de arrendadores, la norma general establece que la nueva renta no podrá exceder la última que estuvo vigente en la misma vivienda, una vez aplicada la actualización anual. Esto impide fijar nuevas condiciones que carguen sobre el inquilino gastos adicionales que no figuraban previamente en el contrato.
Existen excepciones tasadas que permiten un incremento máximo del 10 por ciento sobre esa renta anterior. Estas se limitan a casos concretos donde se hayan realizado obras de rehabilitación o mejora de la accesibilidad en los últimos dos años, o cuando se certifique un ahorro de energía primaria no renovable del 30 por ciento.
Los contratos de larga duración, firmados por diez o más años o con prórrogas voluntarias de esa misma duración para el inquilino, también permiten esta excepcionalidad en el precio.
La medida tendrá una vigencia inicial de tres años. Pasado este tiempo, podrá prorrogarse anualmente si se mantienen las circunstancias que han motivado la declaración.
El expediente, tramitado bajo la referencia AAAA_ORD_3704/26_09, culmina sin que se presentaran alegaciones durante el periodo de información pública. La norma agota la vía administrativa desde hoy mismo.
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