Carmona estrena un nuevo protocolo contra el acoso y la discriminación

El personal laboral del Ayuntamiento de Carmona cuenta desde esta semana con una herramienta renovada para blindar su entorno de trabajo. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la modificación del convenio colectivo que integra formalmente protocolos específicos contra el acoso sexual, por razón de sexo, laboral y LGTBI.

El documento establece una hoja de ruta con plazos marcados para la resolución de conflictos. Desde la presentación de una denuncia hasta la resolución final, el protocolo fija un máximo de 35 días hábiles para cerrar el expediente informativo. Se trata de un procedimiento urgente y confidencial que busca evitar que las situaciones de hostigamiento se enquisten en los servicios municipales.

Una comisión instructora, formada de manera paritaria por representantes del Ayuntamiento y de la plantilla, será la encargada de tramitar las quejas. Este órgano tendrá potestad para solicitar medidas cautelares, como la separación física de las partes, garantizando en todo caso que la víctima no sufra ningún perjuicio en sus condiciones laborales durante la investigación.

El protocolo hace hincapié en la ciberviolencia y el acoso en entornos digitales, incorporando las definiciones de la nueva normativa estatal. Se consideran conductas punibles tanto los comentarios ofensivos en redes sociales como la suplantación de identidad o el envío de imágenes no solicitadas. La tolerancia será cero ante estas actitudes.

El texto también protege a las personas denunciantes frente a posibles represalias. Se prohíbe explícitamente cualquier trato desfavorable hacia quienes decidan activar el mecanismo de denuncia o participar en las investigaciones como testigos, asegurando así que el miedo no sea un freno para la defensa de sus derechos laborales.

La normativa incluye además el derecho a la asistencia jurídica para los trabajadores, salvo en los casos en que una sentencia firme demuestre que el empleado actuó con dolo o mala fe. Si esto ocurre, el Consistorio repercutirá los costes legales en el propio trabajador.

El convenio ya está en vigor tras su publicación oficial. Los trabajadores afectados por situaciones de acoso pueden canalizar sus denuncias a través de la sede electrónica municipal, iniciando un proceso diseñado para proteger su integridad y dignidad en el desempeño de su labor diaria.