Canarias acelera las ayudas a la dependencia con un nuevo decreto ley

El Gobierno de Canarias ha activado un decreto ley de urgencia para intentar desatascar la parálisis que sufre el sistema de dependencia en el archipiélago. La norma llega en un momento crítico: a 31 de marzo de 2026, había 16.061 personas con su programa individual de atención (PIA) aprobado, pero sin recibir ningún tipo de prestación efectiva. El Ejecutivo admite que el problema ya no es reconocer el derecho, sino la falta de plazas y servicios operativos capaces de atender a quienes ya tienen derecho a ellos.

Para agilizar la puesta en marcha de centros y servicios, el decreto sustituye el lento sistema de autorización previa por un modelo basado en la declaración responsable. Esta medida permitirá que las entidades empiecen a funcionar de manera más inmediata, manteniendo la Administración sus potestades de inspección y control posterior. Asimismo, se faculta a los Colegios Profesionales, especialmente a los de Trabajo Social, para emitir informes técnicos que aceleren la tramitación de las acreditaciones, buscando reducir las abultadas listas de espera actuales.

En el plano fiscal, el decreto incluye una medida temporal muy concreta motivada por una coyuntura industrial. La única empresa canaria que producía dióxido de carbono ha detenido su actividad, lo que ha obligado al Ejecutivo a declarar una importación exenta de impuestos. Hasta el 31 de marzo de 2027, el dióxido de carbono importado tributará al tipo cero en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) para evitar sobrecostes a las industrias que dependen de este gas.

El texto aprovecha también para ajustar la tributación de los combustibles. Se aclara el tratamiento fiscal de las gasolinas y gasóleos mezclados con biocarburantes, incluyendo ahora explícitamente el aceite vegetal hidrogenado (HVO) dentro de la normativa de los impuestos especiales autonómicos. Se busca así cerrar la puerta a problemas de interpretación que estaban generando inseguridad jurídica entre los operadores.

Por último, la norma corrige un aspecto discriminatorio en los beneficios fiscales para las sociedades de garantía recíproca. El Gobierno elimina el requisito de tener el domicilio social en Canarias para acceder a tipos reducidos en actos jurídicos documentados, alineándose así con la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional que tumbó trabas similares en otras comunidades autónomas. La medida entra en vigor este mismo sábado, un día después de su publicación oficial.