Ley 7/2026: licencias urbanísticas más rápidas en Canarias

Canarias ha dado un vuelco a su normativa urbanística y turística con la aprobación de la Ley 7/2026. Esta norma, publicada el 14 de agosto de 2026, busca destrabar la parálisis en la concesión de licencias que durante años ha frenado tanto la construcción de nuevas viviendas como la actividad económica en las islas. El Gobierno canario admite que la falta de medios en ayuntamientos y gerencias ha sido el principal cuello de botella, convirtiendo plazos de tres meses en esperas de años. La nueva ley habilita ahora fórmulas colaborativas para que colegios profesionales y entidades privadas asuman la emisión de informes técnicos, una medida que pretende descongestionar los expedientes sin perder el control público.

La norma no se queda solo en el papel del informe técnico. Introduce cambios drásticos para intentar atajar la emergencia habitacional, como la posibilidad de reconvertir suelos terciarios en residenciales y el impulso a las llamadas viviendas asequibles incentivadas. Esta nueva figura, situada entre la vivienda protegida y la libre, llega con reglas propias de superficie, alquiler y temporalidad, y se extenderá durante siete años antes de pasar al mercado libre. En el ámbito de las viviendas vacacionales, la ley es especialmente rigurosa: introduce el concepto de presunción de uso turístico para evitar que el arrendamiento de corta duración se use como un cajón de sastre para eludir la normativa sectorial.

El texto incluye medidas concretas para La Palma y para la gestión de suelos de titularidad pública, permitiendo en estos últimos reajustar ordenaciones pormenorizadas sin necesidad de modificar el planeamiento general. Se agiliza la rehabilitación de edificios y urbanizaciones a medio terminar y se endurecen las sanciones ante el falseamiento de datos en comunicaciones previas o solicitudes de licencia, un claro aviso a quienes intenten saltarse las nuevas reglas del juego.

La ley ya está en vigor. Se acabó la espera sin respuesta.