Bergara, camino de ser zona tensionada para el alquiler

Si vives en Bergara, es probable que hayas notado cómo el mercado del alquiler se ha puesto cada vez más difícil en los últimos tiempos. Pues bien, el Gobierno Vasco ya ha movido ficha para intentar poner coto a esta situación, dando inicio formal al expediente para declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado.

La decisión no es caprichosa, sino que responde a un dato que duele en el bolsillo: entre 2018 y 2023, el coste de alquilar una vivienda en Bergara se disparó un 21,5 por ciento. Esa cifra supera holgadamente el crecimiento del índice de precios de consumo (IPC) en el mismo periodo, que se quedó en un 16,6 por ciento. Es esa brecha de casi cinco puntos la que, según la normativa actual, justifica intervenir el mercado.

El Ayuntamiento de Bergara ya ha presentado su diagnóstico y un plan de acción para intentar corregir estos desequilibrios. El documento, que ya está sobre la mesa de los técnicos del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, busca asegurar que el acceso a una casa no se convierta en una odisea financiera para las familias del pueblo.

Ahora comienza el periodo de información pública. Durante los próximos veinte días hábiles, cualquier persona interesada puede consultar la memoria y los estudios que justifican esta declaración. Los documentos están disponibles tanto en la sede electrónica del Gobierno Vasco como de forma física en la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, situada en la calle Donostia-San Sebastián 1 de Vitoria-Gasteiz.

Es el momento de que quienes tengan algo que decir presenten sus alegaciones. El Ayuntamiento también dispone de ese mismo plazo de veinte días hábiles para aportar la documentación adicional que considere necesaria para blindar el expediente.

Al tratarse de un acto de mero trámite administrativo, no cabe recurso alguno contra esta orden por el momento. Habrá que estar atentos a cómo avanza este proceso, pues una vez culminado, la declaración tendrá una vigencia inicial de tres años prorrogables, siempre que se demuestre que las circunstancias que han motivado esta intervención se mantienen.