El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas fiscaliza la gestión de Leioa 2023

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha puesto la lupa en las arcas de Leioa correspondientes al ejercicio 2023. La fiscalización arroja una imagen fiel del patrimonio municipal, aunque el informe, recién publicado, deja al descubierto varios puntos donde la gestión administrativa patina sobre el reglamento.

Contratar sin el procedimiento legal adecuado ha sido un agujero contable recurrente. El informe detalla que el Ayuntamiento ejecutó gastos en cuatro servicios, por un total de 688.306 euros, sin pasar por los cauces legales obligatorios. A esto se suman seis contratos ejecutados en 2023 pese a estar vencidos, lo que supone un gasto sin cobertura contractual de 1,8 millones de euros.

Los retrasos en la ejecución de obras son otra de las notas que el Tribunal señala con insistencia. Se detectaron demoras de hasta once meses en proyectos de 1,6 millones de euros, sin que conste en el expediente la aprobación de plazos ampliados ni la imposición de penalizaciones a los contratistas. La justificación municipal es que los retrasos no fueron imputables a las empresas.

La lupa también se posa sobre las subvenciones y la gestión de personal. Tres ayudas nominativas, que suman 95.877 euros, se otorgaron sin exigir las tres ofertas que la ley requiere. En personal, la auditoría apunta que la Relación de Puestos de Trabajo no incluye seis plazas de monitores de taller, cubriendo sus necesidades de forma temporal.

El informe destaca además que, en 2023, el Ayuntamiento pagó fuera de plazo el 27 por ciento de sus obligaciones, lo que equivale a 6,7 millones de euros abonados tarde a los proveedores. En el caso de los organismos autónomos municipales, el porcentaje de pagos fuera de plazo superó la mitad de las obligaciones, con 265.452 euros.

Las bonificaciones fiscales también han sido objeto de revisión. La ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras contempla una deducción del 50 por ciento para domicilios particulares con presupuestos de hasta 6.010 euros que, según el Tribunal, no tiene encaje en la normativa foral. El Ayuntamiento ya ha anunciado que enviará una corrección al Pleno para ajustar la norma.

El Plan General de Ordenación Urbana de Leioa tampoco se ha adaptado a la normativa vigente en el plazo legal previsto. Según el Consistorio, este proceso está condicionado por la reciente revisión del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, cuya aprobación definitiva llegó en mayo de 2025.

El Ayuntamiento ha presentado alegaciones a todas estas observaciones. En algunos casos, como en la corrección de criterios contables o la actualización de las mesas de contratación, se compromete a realizar cambios inmediatos. Otros puntos, como la justificación de los talleres anuales o la gestión de contratos, se mantienen bajo la premisa de que los procedimientos se ajustaron a la realidad del momento.